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Las convenciones colectivas, con aumentos sucesivos y acumulativos durante largos años, son una sana rutina institucional aportada por el kirchnerismo. Cada año, cuando amanecen, se instala la misma versión: el Gobierno ha estipulado un techo ecuménico, un porcentaje dado: no permitirá que se perfore. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, niega a continuación la especie: no hay techo sino negociaciones entre partes. La realidad es híbrida: el techo rígido no existe, el Gobierno no tiene herramientas (ni, mayormente, voluntad) para cristalizarlo. Pero sí desliza una hipótesis para orientar las tratativas, para encauzarlas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner sinceró, en un discurso del año pasado, cuáles fueron esas cifras referenciales jamás acatadas.

Los parámetros varían según las circunstancias. En 2011, año electoral, primó la liberalidad. En 2012 se tentó poner coto a las demandas gremiales, de cara a una etapa económica complicada. Ahora se combinan las dos circunstancias, lo que complejiza aún más el contexto.

La discusión pública ronda el numerito-referencia en cuestión: es simplismo. Una convención colectiva pasible de traducirse en un único guarismo. Hay rebusques para modificar salarios retocando categorías. Los baqueanos en esas lides los conocen bien, no son sencillos de explicar a los profanos. Un ejemplo más sencillo son los aumentos de sumas fijas, que hacen trepar más porcentualmente a los salarios bajos de la escala.

Cada cual traduce un cuadro diversificado como le conviene, es otro rito anual.

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La Asociación Bancaria es el único sindicato grande cuyo convenio termina el 31 de diciembre. Mala fecha para reunirse, por las vacaciones y porque a ningún dirigente sindical le conviene cerrar trato en una carrera que incluye la competencia con los pares. Por eso, cada año, hay un acuerdo con las patronales anticipando un aumento a cuenta de la negociación colectiva que se posterga un tiempito. Esta ronda no hizo excepción. Patrones y laburantes pactaron un incremento de suma fija al salario y otro pago “por única vez”. El convenio se difundió traducido en porcentajes que incordiaron a la Casa Rosada. Se leyeron como un mensaje general y se subrayó que los bancarios están alineados con la CGT de Hugo Moyano, opositora en esta etapa.

Trabajo anunció que no homologará el pacto porque no es anual. La preocupación por no sentar el precedente es más política que legal. De todos modos, el acuerdo entre partes está firmado, es válido. Todo indica que la patronal pagará el aumento en tiempo (antes del feriado del jueves 31) y forma. Pero nada es seguro hasta que ocurra.

Todo modo, el minué prenuncia otros, en un clima complicado por la multiplicación de centrales sindicales.

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Hay cuatro o cinco centrales, según cómo se cuente al kiosquito del gastronómico Luis Barrionuevo. Dos son oficialistas pero, para malestar del oficialismo, parte de la agenda de todas es común. Entre los ítems más salientes está el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Funcionarios de fuste se enojan, alegando que no es una reivindicación de la clase trabajadora en conjunto, sino de su tramo más favorecido. Un veinte por ciento, agregan. La matemática debe combinarse con la política: ese conjunto (no desdeñable desde ya) crece año tras año. Además, para algunos gremios las proporciones se invierten. En Trabajo informan que la totalidad de los bancarios tributan Ganancias. Es una lógica derivación de sueldos pasables, para nada contradictorios con la formidable rentabilidad que amarrocan las entidades financieras.

El Gobierno tiene razón en sostener la pertinencia de un impuesto a los ingresos, una carga en principio progresiva. Pero solo lo es si no toca el bolsillo de personas de medianos ingresos, que va siendo el caso. Las carpetas con cálculos y simulaciones que la AFIP acercó a la Presidenta revelan un hecho complicante. Los trabajadores de escalas más bajas que tributan son mucho más que el resto. Por lo tanto, eliminar las retenciones a quienes pagan menos de 200 pesos, o algo así, tendría un impacto fiscal de 4000 millones de pesos. Es plata, que resta caja al Estado, a cambio de restañar una injusticia.

Reacomodar todas las escalas y porcentuales es una necesidad largamente demorada. Es descolocado pensar que un trabajador que cobra, digamos, 10.000 pesos al mes, es un potentado. Tiene un ingreso digno o pasable. La equidad debe acompasarse con el cuidado a los ingresos fiscales. Rascar otras ollas... nunca es sencillo cambiar un esquema impositivo, pero la coyuntura presiona en tal sentido.

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La paritaria nacional docente es otra conquista reclamada por los gremios del sector y consagrada por el kirchnerismo. Establece un piso que ninguna provincia puede bajar. El logro fue celebrado por los gremios, la implementación es siempre peliaguda, entre otras cosas porque los gobernadores claman por contener los aumentos, pensando en las convenciones provinciales que vendrán después. En las primeras experiencias, se pudo llegar a un acuerdo, con tires y aflojes. El año pasado, el Gobierno no aceptó el piso reclamado y laudó un porcentaje.

Ahora, parece que el desenlace sería similar. No es una buena nueva ni para la institucionalidad laboral, ni para la herramienta que pierde encanto si prevalecen los desacuerdos. Y tal vez repercuta en paros sectoriales cuando empiecen las clases, una acción legalmente válida pero (como todo) discutible desde el ángulo político.

Las tratativas despuntan, es aventurado hacer profecías. Lo que es notorio es que todos los actores juegan como si el kirchnerismo fuera eterno, algo que (no hay paradoja alguna) irrita al oficialismo que reclama que los sectores se hagan cargo de sustentar la gobernabilidad y la estabilidad económica. La misma Presidenta aludió a la cuestión, pidiendo templanza a los gremios, con un discurso muy contenido para quien gusta ser una oradora filosa.

La historia continuará y será central en el escenario político, tanto como en la vida cotidiana de los ciudadanos. Uno de los ejes del año pasa por esas coordenadas.