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Por Rodolfo Yanzón *

Néstor Kirchner dijo “paso a paso”; Rafael Bielsa, que se verá cada caso y que los abogados deberían atacar el decreto por el que el Poder Ejecutivo resolvió rechazar los pedidos de extradición contra militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Como se trata de tomar decisiones políticas claras, y no de campeonatos de fútbol ni de montar un consultorio jurídico en oficinas estatales, lo que corresponde en este tema es que el Gobierno resuelva qué hará ante eventuales pedidos de otros países. Hasta ahora, esos pedidos son automáticamente rechazados con el argumento de la territorialidad. Cabe aclarar que este principio no se menoscaba de ningún modo, debido a que los jueces extranjeros aplican el principio de la jurisdicción universal o el de la nacionalidad de la víctima, según los casos. Nada obsta a que en la Argentina se lleven a cabo los juicios contra los militares involucrados aplicando el principio de territorialidad. Entonces, el único argumento legal que podría esgrimir el gobierno argentino es que la persona ya está siendo juzgada por jueces argentinos y por los mismos hechos por los que se requiere su extradición. Esto, hasta ahora, tampoco ha tenido una definición, debido a la dilación por parte de la Corte Suprema. Además, para sostener esos rechazos, los sucesivos gobiernos esgrimieron razones de soberanía. Entonces se trata de que el Gobierno deje de lado posiciones anteriores que resultan excusas más que argumentaciones jurídicas, que sólo encubren complicidades o, en el mejor de los casos, debilidades del poder político.
No se necesita que el gobierno argentino indique las vías legales para acceder a la Justicia, se trata de que no impida ese derecho a la justicia y, en estos casos, una decisión política clara es lo conveniente; una decisión que derogue el decreto firmado por De la Rúa y que permita, en forma automática, la intervención de los jueces de la Nación.
Si tomáramos el consejo del Dr. Bielsa, de atacar legalmente el decreto –lo que ya se ha realizado–, nos limitaríamos al debate jurídico en el ámbito judicial, caso por caso, dependiendo de la voluntad de cada uno de los jueces que intervienen. El gobierno nacional debe definirse y no obstaculizar el derecho a la justicia, ni de las víctimas ni de los imputados, que no dependamos de soluciones en cada caso concreto para iniciar cada proceso y que contemos con reglas claras y precisas, a las que también debe ceñirse el Estado argentino. Esa definición debería ser tanto en los pedidos de extradición como en la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Esa es la única vía idónea para que quienes gobiernan no tornen ilusorio el derecho a la justicia.
* Liga Argentina por los Derechos del Hombre.