Cuando el Poder Ejecutivo incluyó en uno de los proyectos de reforma judicial anunciados en mayo la transferencia al Consejo de la Magistratura de las facultades de administración y ejecución presupuestaria que la Constitución le adjudicó hace largos 19 años, la Corte Suprema de Justicia respondió con un apenas disimulado ultimátum. La carta del presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal Gustavo Hornos, que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, elevó a la presidente CFK, amenazaba con una paralización total de la Justicia. El Poder Ejecutivo aceptó entonces retirar del proyecto ese punto. La estrepitosa comunicadora Elisa Carrió interpretó que se trataba de un pacto y sin demora convirtió esa presunción en una denuncia penal. Tanto en el gobierno como en la Corte Suprema niegan que haya existido cualquier acuerdo, cosa que pareció quedar demostrada con el fallo que invalidó el resto de la reforma. Lorenzetti tampoco admite haber asumido algún compromiso con los camaristas que, a su pedido, aceptaron limitar su cuestionamiento al manejo presupuestario, que afectaba a la Corte, y suprimir de la carta sus verdaderas preocupaciones, que eran la elección popular de los consejeros y la mayoría necesaria para acusar a un juez. Pero esto es de difícil constatación. La respuesta de un grupo de diputados kirchneristas, que al mismo tiempo son candidatos a renovar sus cargos en octubre, como Carlos Kunkel, Diana Conti, Héctor Recalde y María Teresa García, fue insistir con la transferencia de los recursos de la Justicia al Consejo. Esto responde a la lectura oficial sobre el emblocamiento corporativo de la Corte, que no sería igual sin la lapicera de conferir licencias, traslados, subrogancias, viáticos y pasajes. Kunkel también presentó una denuncia penal contra el presidente de la Asociación de Magistrados, Luis Cabral, y contra los seis jueces de la Cámara de Casación que convirtieron una suplencia transitoria de Cabral en subrogancia permanente, pese a que no reúne las condiciones fijadas por el decreto 1285, de 1958, y por la ley 26.376, de 2008. Ambos obligaban a sortear a otro integrante de la misma Cámara, cuando Cabral es miembro de un Tribunal Oral ordinario. Sin embargo fue designado en septiembre de 2011 a propuesta de su colega Raúl Madueño, en un claro ejemplo de cooptación corporativa. Se afirmó entonces que se trataba de una emergencia, porque ya había cuatro vocalías vacantes en la Casación. Pero en diciembre de 2012, a pedido de Cabral, a quien sus amigos llaman afectuosamente Bachicha, se prorrogó su mandato por otro semestre, pese a que ya habían sido designados cuatro nuevos jueces de la Casación, que podrían haberse hecho cargo de la vocalía vacante. Ocurre que como presidente de la Asociación de Magistrados y amigo personal de Lorenzetti, Cabral es una pieza clave en la resistencia contra la ley audiovisual, paralizada desde hace cuatro años con artimañas tribunalicias. En aquel momento, Cabral se comprometió a renunciar en junio, pero cuando llegó el momento no lo hizo. En una votación dividida 6 a 3 fue ungido ahora en la novedosa categoría de subrogante permanente. Cada vez con mayor claridad, ese sector de jueces intenta sustituir la decisión de los órganos representativos de la voluntad popular por la propia. El punto 42 del fallo de la Corte que invalidó la reforma del Consejo de la Magistratura contiene una novedad significativa, al avanzar del control de constitucionalidad hacia el gobierno de los jueces. Con el argumento de “evitar el caos institucional o la eventual paralización de la administración de justicia”, en vez de remitir la cuestión al Congreso decretó la vigencia del “régimen anterior previsto en las leyes 24.937 y sus modificatorias 24.939 y 26.080”. De este modo, la Corte asume el rol que en el derecho continental europeo tiene el Tribunal Constitucional y que en el ordenamiento argentino no existe. Si aplicara el mismo criterio al fallar sobre la ley audiovisual, la Corte resucitaría el decreto regulador de la radiodifusión firmado por Jorge Videla en 1980. Sin brindar indicios sobre los plazos en los que piensa resolver esa cuestión, la Corte está preparando antecedentes por si el Congreso sanciona el proyecto de ley de Kunkel, reglamentario del artículo 114 de la Constitución. En ese caso, calcula introducir distinciones doctrinarias entre distintos tipos de recursos de la administración de Justicia, allí donde la Constitución no las hace. Clarín desinformó que “El oficialismo quiere sacarle a la Justicia el manejo de sus fondos” y La Nación consignó la noticia bajo el antetítulo “Avance sobre la Justicia”. Esta es una escalada sin final a la vista, en la que todos pierden. El gobierno porque ha deteriorado el precioso activo que implicó el saneamiento de la Corte. La Corte, porque avanza en una senda de politización y de abuso institucional, en la que el respeto por la Constitución y las leyes pasa a segundo plano, lo cual es abiertamente autodescalificatorio. Un poco de calma no le haría mal a nadie.