Cualquiera sea la interpretación que se prefiera sobre el robo de una caja fuerte en el domicilio del intendente Sergio Massa, lo cierto es que una vez más se descubre a personal de las fuerzas encargadas de brindar seguridad dentro de las redes de ilegalidad que la vulneran. Desde ese punto de vista, poco importa si el suboficial de Prefectura Alcides Díaz Gorgonio fue enviado por alguien que quería perjudicar a Massa, formó parte de una maniobra política del candidato o se aprovechó de la confianza de su conocido para saquearle la casa en busca de dinero o de información para extorsionarlo. Más allá de las recriminaciones cruzadas entre Massa, su esposa Malena Galmarini, el gobernador Daniel Scioli y el Secretario de Seguridad Sergio Berni, es ostensible que la política de depuración que había iniciado la ex ministra Nilda Garré debe ser profundizada, porque sin atacar este problema endémico la seguridad no pasará de ser un discurso demagógico y se seguirán proponiendo incrementos de penas que sólo brindan la ilusión de estar protegidos. El episodio también puso en evidencia una anomalía que por generalizada pasa inadvertida, y es el uso de una fuerza federal de seguridad para la custodia de un barrio privado cuyos habitantes pueden pagarla, en el caso de Isla del Sol a razón de 73.000 pesos mensuales (unos 10.000 dólares promediando los distintos tipos de cambio). El denominado “servicio de policía adicional” fue establecido en 1971 por el dictador Alejandro Lanusse mediante el decreto llamado ley 19.013. Sólo sería prestado por personal subalterno de franco y tendría una duración máxima de cuatro horas. Por cada servicio el cliente depositaría en una cuenta de Prefectura el equivalente a un día de remuneración de un cabo 1 con antigüedad de ocho años y suplementos por zona alejada, de los cuales la Prefectura descontaría el 10 por ciento para conservación y reposición de equipos y armamento. Es decir que se pagaría el doble, como las horas extra. En 1984 el servicio fue reglamentado por disposición de la propia Prefectura Naval. Se estableció entonces que en defensa del “prestigio institucional” los jefes fiscalizarían la tarea, que debe realizarse de uniforme y con el arma reglamentaria. El máximo que podía realizar un suboficial era de dos servicios seguidos, es decir ocho horas. Sin embargo, al declarar en el sumario interno realizado luego del robo, el jefe de la Prefectura de Tigre, Prefecto Principal Roberto Andrés Gaira, dijo que el horario nocturno era de doce horas. El trascendido sobre la decisión de que Prefectura deje de prestar ese servicio en el barrio Isla del Sol no tuvo confirmación oficial. Hasta el momento, son custodiados por prefectos otros catorce barrios privados de Tigre (Jai, Complejo Náutico, Riverside, Barrio Campo Hacoaj, Albanueva, San Juan y Caletas Nordelta); San Fernando (Rincón del Arca, Marina del Norte, Marina Canestrari, Marina del Sol, Los Sauces), y San Isidro (Boating Club de Beccar). Si la dotación fuera como en Isla del Sol de tres hombres por barrio cerrado, se llegaría a 45 suboficiales, un número llamativo de personal franco de servicio cada día.