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Por Carlos Ares

Eugenio Raúl Zaffaroni, soltero, de 63 años, se encamina a ser el juez más popular y respetado del país. Zaffaroni ocupará el sitio vacante tras la renuncia de Julio Nazareno, el ex socio de los hermanos Menem que además era presidente de la Corte Suprema. Este tribunal, integrado actualmente por ocho miembros, decidió postergar la resolución de los principales conflictos que tiene a consideración hasta que se incorpore Zaffaroni y concluya el juicio político que la Cámara de los Diputados inició a Eduardo Moliné O’Connor. Zaffaroni deberá votar, entre otros temas, sobre la constitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, declaradas nulas por jueces de instancias inferiores. Si las leyes perdieran sus efectos, los tribunales argentinos podrían reabrir los juicios a más de 1100 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas sospechados de delitos de secuestro, tortura, asesinatos y la desaparición de miles de personas entre 1976 y 1983. Entre ellos, también a los reclamados por el juez Baltasar Garzón.
–¿No siente como injustas las críticas de grupos que intentaron antes justificar el terrorismo de Estado y se han metido ahora hasta con su vida íntima?
–No, no lo siento injusto personalmente, siento como injusto lo que esos intereses le hicieron al país, siento como injusta la concentración de riqueza que provocaron, siento como injusta la desocupación y el desempleo, siento como injusta la violencia que han generado en la sociedad argentina estos mismos que hoy piden mano dura y ellos son los causantes de la violencia, siento como injusto que me imputen ser abortista los que causaron el mayor número de abortos. Eso es lo que siento como injusto. En fin, son intereses muy fuertes y es lógico que los peleen, el fascismo siempre procedió así. El fascismo y la corrupción.
–¿Cómo llega usted a ser juez durante la dictadura militar?
–Yo soy juez en San Luis, en 1969, en 1973 fui procurador general de la provincia de San Luis, en el ‘75 fui juez federal de la ciudad de Buenos Aires, éramos tres nada más. Y en el ‘76, cuando viene el golpe, me degradan a juez de sentencia y ahí me quedé hasta el ‘84, cuando el gobierno constitucional me asciende a camarista.
–¿Sufrió usted la desaparición de amigos o familiares más o menos directos?
–Desaparecía de todo, amigos y familiares no. Pero gente cercana, sí. Algunos venían a verme, ¿qué se podía hacer? Nada.
–¿Tiene que arrepentirse de alguna decisión tomada entonces?
–La única duda que realmente se me creó fue cuando me di cuenta de lo que estaba pasando durante la dictadura y, bueno, ¿qué hacer? ¿Quedarme, irme? Es una perspectiva que el que no esté a la altura de la vida de uno, no la entiende. Porque veníamos de una experiencia de golpes de Estado que generacionalmente me tocó vivirla. No podía pensar que un golpe se podía transformar en un genocidio. Las experiencias anteriores, el ‘62, el ‘66, no eran esas. Y bueno, qué hacer cuando me di cuenta... Yo era juez federal, he metido presa gente, también le he salvado la vida al meterla presa. Queríamos hacer juicios justos, pero nos pasó por encima una aplanadora.
–Hay sectores vinculados con la dictadura que insisten en que habría que juzgar a los “dos lados”, como si hubiera habido dos Estados en pugna.
–Pero es que no es lo mismo, naturalmente. No puede ser lo mismo que el tipo que me está cuidando, para cuidar mi seguridad me mate. El Estado no puede ser ilegal. Si el Estado se degrada éticamente al mismo nivel que el delincuente –no estoy hablando de terrorista porque es una palabra que no me gusta– y utiliza los mismos medios, el Estado no es más que otro delincuente. Y entonces es una pelea entre delincuentes.
–¿Por qué decía recién que no le gusta la palabra “terrorista”?
–Porque es una palabra de la que se ha abusado y se ha extendido, no hay una definición internacional de terrorismo muy clara, no sé exactamente qué significa. Hay generalizaciones como “crimen organizado”, “terrorismo”, y otras que son palabras que se pueden aplicar a cualquier cosa. En general ocultan comportamientos muy heterogéneos que si uno los quiere prevenir en serio, los tiene que prevenir haciendo distinciones. No podemos juntar el cáncer con el sida. No es lo mismo Unabomber que una organización, que ETA. Se usa una palabra común, pero normalmente se la emplea para hacer avanzar el sistema inquisitorio. Es decir, para hacer retroceder las garantías. Para eso se sataniza algo que no queda muy claro qué es y se usa una palabra confusa.
–¿Conoce usted al juez Baltasar Garzón?
–Sí, lo conocí este año, en enero, cuando tuve que presentarlo en Salamanca, en un curso para América Latina.
–¿Cómo valora su acción judicial?
–Me parece muy positiva. Es un juez tremendamente valiente. No estoy de acuerdo con cierto sector de la opinión pública española en el sentido de que toma sus decisiones por un afán publicitario. Es alguien convencido de lo que hace. Las decisiones que toma le dan notoriedad, pero sus decisiones siempre se ajustan a derecho.
–¿Si en una acción contra militantes de ETA en España mueren ciudadanos argentinos, un juez de aquí podría pedir la extradición de los responsables?
–Sí, claro que podría hacerlo, ese es el problema que se genera y por eso el Tribunal Penal Internacional. Porque el principio universal es muy lindo, los diplomáticos lo pusieron en todas las convenciones, es un principio importante, pero es un principio que puede generar un caos internacional. Entonces, de alguna manera eso hay que ordenarlo y el Tribunal Penal Internacional tiende a eso.
–El juez Gabriel Cavallo declaró nulas las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. Mientras la Corte no resuelva sobre el tema, ¿puede continuar el proceso a los imputados en esa causa?
–La nulidad o declaración de inconstitucionalidad de un juez no hace perder la vigencia general de la Ley, sólo deja de aplicarse en el caso concreto.
–¿Los militares reclamados por Garzón deben ser juzgados en el país o extraditados?
–Habría que ver caso por caso. En líneas generales puedo decirle que a mí no me gusta dar la extradición de ningún ciudadano argentino. No me inclino a que seamos generosos en la extradición de argentinos. Lo considero muy peligroso. Pero, bueno, eso es una cuestión de gusto. Habrá que ver qué corresponde jurídicamente en cada caso, porque en una de esas no es lo que a mí me gusta.
–¿En qué sentido es peligroso?
–En el sentido de que mañana me pueden llevar a cualquier país acusado de cualquier cosa. Nosotros no tenemos una disposición constitucional como Brasil, que prohíbe la extradición de ciudadanos. Jurídicamente no hay un impedimento constitucional. Pero me resulta algo antipático, lo pensaría dos veces.
–¿Hubiera mantenido vigente el decreto que derogó el presidente Kirchner, por el que se imponía el principio de territorialidad y se ordenaba rechazar los reclamos de extradición?
–No, porque ese decreto era inconstitucional. Si se da o no una extradición lo debe resolver la Justicia. El Ejecutivo no es quién para decir.
–¿El acusado puede optar por ser juzgado en el país?
–Sí, según nuestra ley de extradición puede hacerlo.
–¿Cuál es el problema entonces? Llegado el momento, son los acusados los que dicen “no” a la extradición.
–El problema es que la ley de extradición está calculando delitos cometidos en el extranjero. Y en tal caso el ciudadano argentino puede decir: bueno, está bien, extradítenme. O puede decir: no, júzguenme aquí. En cuyo caso el gobierno argentino tiene que pedirle al gobierno reclamante que le dé todos los antecedentes y lo somete a juicio. Cosa que ha pasado ya muchísimas veces por estafas en Europa. A esos los hemos juzgado y condenado nosotros.
–¿Cómo valora la forma en que se han intentado resolver las responsabilidades de las graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura? La aprobación de las leyes de Punto Final, de Obediencia Debida, los indultos...
–Bueno, nunca me gustó. Creo que las cosas hay que resolverlas en serio. Si en las Fuerzas Armadas hay o hubo delincuentes hay que condenarlos y listo. En toda corporación aparecen delincuentes. Hay que limpiar todas las sospechas sobre las Fuerzas Armadas. Yo he hablado con oficiales actuales y creo que lo entienden. Naturalmente, no lo entienden los que fueron responsables.
–¿Considera esta forma de designación de los jueces de la Corte Suprema como un cambio sustancial?
–Sí, yo lo valoro como un cambio más que político. Creo que es un cambio en la sociedad argentina. Revela un grado de madurez importante. Quizá se deba a los garrotazos que hemos recibido.
–¿Cuánto tiene que ver Kirchner en todo esto? Usted fue uno de sus críticos cuando reformó la Constitución de Santa Cruz para que se permitiera su reelección como gobernador y cuando aumentó el número de miembros del tribunal supremo provincial.
–Yo conozco poco a Kirchner, pero creo que sabe calibrar el talante de una sociedad en un momento. Eso se aprende gobernando provincias que no tienen tanta población, cuando uno está en contacto con la gente. Yo critiqué a Kirchner como a todos los gobernadores que reformaron las constituciones provinciales para incorporar la reelección indefinida. Creo que eso es violatorio de la Constitución federal, y lo sigo sosteniendo. Me parece que todo eso le sirvió de lección a Kirchner para no volver a intentarlo.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.