“Esto es una ratificación de la política de derechos humanos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional”, dijo ayer el canciller Héctor Timerman luego de firmar con su par brasileño, Luiz Alberto Figueiredo, un acuerdo de cooperación para desclasificar y compartir archivos sobre víctimas de la dictadura en ambos países. El hecho se produjo en un salón de Pabexpo, el recinto en el que se está llevando a cabo la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Cuando salía de allí, Timerman se encontró con su par de Uruguay, Luis Almagro, que entraba a la sala para encontrarse con Figueiredo. Ambos se saludaron efusivamente y allí mismo ratificaron que iniciarán el diálogo acordado por los presidentes de ambos países el martes.

El acuerdo para desclasificar información sobre las dictaduras incluye la creación de una comisión técnica entre ambos países. En este caso, la Argentina, con más experiencia en el tema, asesorará a Brasil. La Argentina puso en práctica, en diciembre de 2012, una medida similar con Uruguay. Y ayer, inspirado en ese hecho, Brasil y Uruguay también se pusieron de acuerdo para compartir su información sobre ciudadanos de sus países desaparecidos, secuestrados o asesinados. Así, los datos que surjan sobre los crímenes del Plan Cóndor, la coordinación de las dictaduras en el Cono Sur, podrán ser intercambiados por los tres países.

“Estamos buscando resolver casos en los que aún no se sabe qué ocurrió con ciudadanos de estos países”, dijo Timerman.

El gobierno de Dilma Rousseff está especialmente interesado en el caso del ex presidente Joao “Jango” Goulart, que fue derrocado en 1964 y murió doce años después en Corrientes. Se trata de un caso emblemático en su política de derechos humanos: en diciembre del año pasado la presidenta brasileña encabezó un acto en el que se reestableció simbólicamente a Goulart en la presidencia.

El 2 de abril de 1964 el Congreso, cómplice de una campaña desestabilizadora en curso, declaró acéfala a la República de Brasil alegando que Goulart había abandonado el país, cuando en realidad se encontraba en Porto Alegre reunido con algunos correligionarios y los pocos oficiales que aún le eran leales. Luego de la destitución de Jango fue implantada una de las dictaduras más prolongadas de América del Sur, que duró hasta 1985.

Tras el golpe, el régimen creó, bajo supervisión de la Cancillería, el Centro de Informaciones en el Exterior (CIEX). El CIEX se instaló inicialmente en Uruguay para monitorear a Goulart y otros exiliados, después extendió sus operaciones a la Argentina, donde ya actuaba por lo menos desde 1970, articulándose con informes recibidos de Chile y Bolivia.

Goulart murió el 6 de diciembre de 1976 durante su exilio en la localidad correntina de Mercedes, a raíz de un paro cardíaco, según el certificado de un médico pediatra que falleció años después en un accidente de tránsito, una muerte no natural como la de más de diez testigos o personas vinculadas con el caso.

La familia de Goulart sostiene que el ex presidente habría sido envenenado en el marco del Plan Cóndor.

También hay casos conocidos de ciudadanos argentinos secuestrados en Brasil. Norberto Habbeger fue detenido ilegalmente en 1978 en el aeropuerto de Río de Janeiro, desde donde planeaba regresar a la Argentina para participar de la contraofensiva de la organización montonera. Sigue desa-parecido. Horacio Campiglia y Mónica Pinus también desaparecieron desde el mismo lugar, pero en 1980. Sobre este hecho, existe un documento desclasificado por el departamento de Estado de los Estados Unidos que indica que “la inteligencia militar argentina (el Batallón 601) contactó a su colega de la inteligencia militar brasileña para solicitar permiso para realizar un operativo en Río para capturar a los dos montoneros llegando desde México”.