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¿Los juicios se alargan sólo por problemas del sistema? ¿No hay razones políticas, manejos y especulación de los jueces y fiscales? A Felisa Miceli se la enjuició en forma expeditiva, pero todavía –sólo por poner un ejemplo– no hubo un solo llamado a indagatoria por Papel Prensa. ¿Todo se resuelve cambiando un código procesal? Algunas de estas dudas planteó Página/12 al consultar a Agustín Carrara, director ejecutivo del Cipce.

“Suceden las dos cosas: hay problemas procesales y falta de voluntad política o encubrimiento de parte de operadores judiciales. Lo más común es que la mayoría de las condenas son para funcionarios de gobiernos pasados. Los jueces tienen mucho poder de manejo en las causas. El mismo que ordena un allanamiento puede decir está bien o no. Decide si el fiscal investiga o no”, señala Carrara.

–Ustedes proponen que investiguen los fiscales, pero ¿qué garantiza que ellos serán más independientes y eficientes?

–Se garantiza, pero con papel distinto al que el Ministerio Público (los fiscales) tiene ahora. Que dirija la investigación, pero que tenga la obligación de rendir cuentas y que la sociedad participe en ese proceso, que pueda haber control de lo que hacen un juez y un fiscal cuando intervienen en un caso. Hay que eliminar los procedimientos secretos e instalar formas de control.

–¿Y cómo influye que los organismos auxiliares de la Justicia sean dependientes de los gobiernos (la policía, la Secretaría de Inteligencia, la Gendarmería, entre otros)?

–Hace falta una policía de investigaciones, una policía judicial que haga análisis criminal. Y una reforma y mecanismos de control de las cajas policiales.