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Los generales Albano Harguindeguy, Reynaldo Bignone, Cristino Nicolaides y el almirante Rubén Franco deberían ser detenidos, según plantearon los abogados querellantes en la causa que investiga el Plan Cóndor. El pedido se suma al que realizó esta semana el fiscal del caso, Miguel Osorio. Sin embargo, el juez Jorge Urso no decide aún si accederá a encarcelar a estos represores y una fuente de su entorno adelantó a Página/12 que “se tomará su tiempo para estudiar mejor si es procedente”. El fiscal había pedido también la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y el magistrado “ya dio trámite” para avanzar en ese sentido. En este expediente ya está procesado el ex presidente de facto Jorge Videla.
Un grupo de familiares de desaparecidos chilenos, paraguayos, uruguayos y argentinos iniciaron hace cuatro años un juicio por privación ilegal de la libertad como delito permanente contra los máximos jefes militares que implementaron el operativo de represión continental denominado Plan Cóndor. Los primeros acusados fueron Videla, Augusto Pinochet y Alfredo Stroessner. Alberto Pedroncini, en representación de los querellantes, presentó ayer un escrito en el juzgado de Urso que complementa el dictamen con el que Osorio pidió las detenciones de Videla, Domingo Bussi, Santiago Riveros y Luciano Benjamín Menéndez y otros siete ex jefes militares. El letrado argumentó que Harguindeguy fue ministro del Interior en la época en que se desarrollaron las etapas fundamentales de la Operación Cóndor. “Tenía a su cargo la responsabilidad por la seguridad de los asilados o refugiados políticos que fueron impunemente victimizados durante la ejecución del plan”, escribió Pedroncini. Los testimonios del senador uruguayo Rafael Michelini y de Bernabela Herrera, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, acreditan esta situación. En momentos en que el gobierno militar negaba públicamente la existencia de desaparecidos, Harguindeguy emitió las “Instrucciones sobre procedimiento a seguir con menores de edad, hijos de dirigentes políticos o gremiales cuando sus progenitores se encuentran detenidos o desaparecidos”.
Bignone fue procesado con arresto domiciliario en la causa sobre sustracción sistemática de menores durante la dictadura por haber otorgado la “garantía de impunidad” a los autores de hechos criminales cometidos durante el terrorismo de Estado, entre ellos los cometidos durante el Plan Cóndor. Tal garantía de impunidad fue otorgada por Bignone mediante la sanción de la Ley de Pacificación que excluyó la responsabilidad penal de los partícipes del terrorismo de Estado. Pedroncini también pidió la indagatoria y detención de Nicolaides y Franco por haber sido autores del Informe Final.