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Por E.T y F.Y.

“Supongo que en el Senado los radicales están esperando alguna señal del Gobierno. Por lo menos conocer cuál es el candidato que Néstor Kirchner tiene en mente para cubrir la vacante de Eduardo Moliné O’Connor. Si no, no se entiende que paguen todos los costos políticos que están pagando”, confía a este diario un dirigente de la UCR. Aunque crítica, la mirada tiene su cuota de indulgencia. No afirma, como sí repiten los hombres del peronismo en la Cámara alta, que la bancada radical está presionando para tener un puente del Gobierno que les permita comenzar una negociación para poner a uno de los suyos en el máximo tribunal. Al margen de esto, la oposición que anteayer mostró el radicalismo a la suspensión del magistrado fue explicada puertas afuera y puertas adentro como un intento de no producir un “conflicto de poderes”.
Textualmente esas fueron las palabras utilizadas por el jefe de la bancada, el rionegrino Carlos Maestro, cuando fundamentó el voto de su bloque. Igualmente la opinión de los radicales estuvo condicionada por una fuerte versión que recorrió los pasillos de la Cámara alta.
La especie afirmaba que Moliné contaba con el respaldo de cuatro de los miembros del máximo tribunal para declarar inconstitucional la suspensión que anteayer votó el cuerpo. El comentario también había llegado a algunos oídos del peronismo. Era preciso y describía los cada quién y cada cual de los votos.
“Luego de hacer las averiguaciones del caso, me quedó en claro que el rumor fue un apriete para que no se vote la suspensión de Moliné”, le comentó a este diario un importante legislador del oficialismo. Claro que, a los radicales, el tema les venía como anillo al dedo para explicar su oposición a la medida.
“La posición del bloque del Senado es incomprensible”, confía a Página/12 un radical de la Cámara baja. “Desde el ‘92 que el bloque viene cuestionando a los miembros de la mayoría automática. ¿Por qué pagar ahora todos los costos políticos? La explicación de que la suspensión es inconstitucional es un argumento débil”, continúa el dirigente la UCR. Para que no queden dudas de su crítica, concluye su análisis diciendo: “Si el artículo 4 del reglamento del Senado es inconstitucional, de última es una decisión que la tienen que tomar los jueces. Hasta que nadie lo dictamine, no hay por qué extralimitarse”.
Analizada desde la mirada del peronismo, el comportamiento de la bancada radical en la Cámara alta no es tan indulgente como la que formulan los correligionarios en Diputados. “Cuando renunció Gustavo Bossert a la Corte, los radicales se comprometieron con Duhalde de votar por el cordobés Juan Carlos Maqueda a cambio de que la próxima vacante les correspondería a ellos”, comentó a este diario un importante senador del oficialismo de la Cámara alta. La frase explica el enojo de algunos legisladores del oficialismo.
Fue precisamente la senadora Cristina Fernández de Kirchner la encargada en denunciar las especulaciones radicales. El discurso de Kirchner le puso el broche al debate y fue asimilado en silencio por la bancada radical (ver aparte). Esto también genera el enojo de los radicales en Diputados.
En la Cámara baja, los boina blanca no se explican por qué los senadores de su partido no cruzan discursivamente todos los palos que vienen recibiendo de los parlamentarios alineados con la estrategia oficialista. “¿Fue una contribución al país o no sacar a Rodolfo Barra de la Corte e incorporar a Gustavo Bossert?”, pregunta a este diario un dirigente del radicalismo que defiende las intenciones de la UCR al firmar el Pacto de Olivos. “Fue el PJ el que violó los propios acuerdos previos y en el lugar de Mariano Cavagna Martínez ubicó a Guillermo López. Nosotros no entramos en el toma y daca. Buscábamos mejorar la Corte y ése es un servicio a la sociedad”, concluyó. Por cierto, también se encarga de admitir que punto aparte fue habilitar la reelección de Carlos Menem.