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En algún momento se planteó que el juez Galeano y los fiscales fueron torpes, pero que no hicieron un armado falso. ¿Qué creen ustedes?

Juan Murray: –Algo que cualquier fiscal sabe es que no se le puede pagar a un imputado para obtener una declaración. Es una forma de coerción al imputado, sea cierta o falsa la declaración.

–Sin embargo, en ese momento se alegó que existía un decreto secreto que permitía pagar a un arrepentido con fondos de la Secretaría de Seguridad, que estaba a cargo del brigadier Andrés Antonietti.

Sabrina Namer: –Ni habiendo un decreto que habilitara el pago se podía hacer lo que se hizo. En la escala normativa nunca puede un decreto derogar una ley. Un atentado como el de AMIA es un caso gravísimo, pero no se puede violar la Constitución y las garantías con ese argumento. La Constitución le da a todos el derecho al debido proceso. Pagar a un imputado es violar la Constitución. Por otra parte, en algún momento, bastante después del pago, intentaron blanquearlo con una supuesta ley del arrepentido que no existía. Ni los propios fiscales lo aceptaron, de manera que se desechó, pero demuestra que tenían conciencia de lo que se había hecho. Por último, las consecuencias fueron terribles. Sobre la base de esa declaración tuvieron a personas presas durante más de ocho años.

Roberto Salum: –Nosotros tenemos claro que es imposible que un decreto pueda cambiar el Código Procesal Penal. Y mucho menos un decreto secreto. Un juez pagándole a un imputado por una declaración, falsa o verdadera, es un delito. No tiene justificación alguna. Nada autoriza a pagar por una versión. El delito es peculado. Hugo Anzorreguy, entonces titular de la SIDE, es el autor, Patricio Finnen, alto cargo de la SIDE, es una de las personas que intervino en el operativo para pagar, e intervinieron Galeano y los fiscales, más Telleldín, Boragni y Stinfale. Con la declaración de Telleldín meten presos a los bonaerenses, que es privación ilegal de la libertad. También hay una coacción contra la testigo Miriam Salinas y el abogado Gustavo Semorile. A Galeano y los fiscales también se les imputa prevaricato, dictar resoluciones sabiendo que se basaban en pruebas falsas. El ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, está acusado de ser partícipe del peculado: supo del pago y no hizo nada.