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El juez Thomas Griesa, de Nueva York, resolvería esta semana si el FMI debe ser tratado como un acreedor privilegiado. Un grupo de inversores estadounidenses que tienen en su poder títulos argentinos en default incluyeron en su reclamo contra el país una queja por los privilegios del Fondo y demás organismos de crédito. Esas instituciones no sufren quitas en su deuda, lo que ubica a los acreedores privados en una posición desventajosa. Eugenio Bruno, abogado que representa a los bonistas argentinos, opinó que desde “el punto de vista legal no hay ninguna disposición, en ningún cuerpo legislativo del mundo” que justifique la ventaja del FMI. “Ni siquiera en los estatutos del Fondo se establece que el organismo sea un acreedor legalmente privilegiado, tal como si fuese un acreedor hipotecario en el caso de un concurso preventivo de una compañía”, indicó el abogado. Por otra parte, Bruno aseguró que “la mitad de la deuda externa de la Argentina está en manos de argentinos, con lo cual ya no se puede hablar más de una deuda externa”. El letrado no se estaba refiriendo a la grave deuda interna, en un país donde el 50 por ciento de su población es pobre y una cuarta parte es indigente, sino que estaba reclamando en favor de quienes compraron bonos buscando rentabilidades extraordinarias.