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Por A. D.

Los destinos de los Juárez en Santiago parecen atados a una encarnizada batalla gestada en el interior del juarismo. La puja entre quienes permanecen leales al matrimonio del gobierno y quienes pasan a la oposición quedará cristalizada hacia fin de mes. El pedido de desafuero que formularía el juzgado federal esta semana para indagar a la gobernadora por dos causas federales recién en unos diez días pasaría la instancia de apelación y entrará al recinto. Los diputados tendrán que decidir si quitar los fueros protectores a la jefa política del gobierno. Mientras uno y otro sector continúan negociando presente y futuro inmediato, en la cámara se colaron dos pedidos de juicio político que podrían acelerar los tiempos. Mientras tanto, el gobierno nacional vuelve a tomar distancia. El jefe de ministros Alberto Fernández repitió durante el día de ayer en varias oportunidades y sin rodeos que la Nación no le pedirá la renuncia a Mercedes Aragonés, y tampoco intervendrá la provincia “por ahora”.
Las especulaciones sobre la renuncia de Nina Juárez se profundizaron a partir de su propio discurso. El viernes, en cadena provincial, puso a disposición del gobierno nacional su renuncia. Una ingeniosa estrategia de salida que la trasformaría, finalmente, en víctima de la Nación. Rápidamente, Alberto Fernández levantó el pañuelo y respondió: “El jefe de Estado no pide la renuncia a ningún gobernador”, dijo ayer. Después de considerar la declamación de Nina Juárez como “un infantilismo”, agregó: “Son gente grande y en todo caso debe llevar la renuncia a la Legislatura de su provincia”.
Al parecer eso no sucederá. Los legisladores solitos deberán abrirle la puerta al proceso de acorralamiento que viene gestándose desde la Justicia federal. Allí entra en la etapa final la megacausa por un fraude de más de 20 millones de pesos contra 29 funcionarios, policías, jueces y diputados de la provincia, entre los que está la gobernadora. Además avanza el proceso que la imputa como supuesta autora ideológica del atentado a la casa del diputado José Figueroa en julio de 2002. Nina faltó a las dos indagatorias de la semana pasada. Presentó un recurso de revocatoria y un pedido de nulidad. La Justicia revocaría las presentaciones esta semana y se dispone a pedir el desafuero para detenerla. Ese momento será definitivo. El futuro de la gobernadora pasará a manos de su bloque de diputados más fieles, mayoría en la cámara. Sobre ese frente trabaja la oposición. Y también los Juárez. Uno y otro sector tejen pactos y subrayan cuentas pendientes en una pelea que pone al desnudo los mecanismos más sucios de la política. Y sucede a uno y otro lado, entre los leales y el bloque de dirigentes políticos del interior alineados a los seis diputados disidentes, socios momentáneos de la oposición radical y el ex frepaso.
Mientras tanto, hay una parte de Santiago del Estero que no pasa por ahí. Son los que en los últimos días presentaron 103 denuncias en la Delegación de la Secretaría de Justicia de la Nación abierta hace poco más de 15 días. Y son los dueños de las denuncias que pasaron ante la Secretaría de Derechos Humanos. Cristina Torres, la coordinadora de esa área de Nación, hizo su propio retrato de Santiago. De paso por Buenos Aires, dijo a Página/12 que “viendo la cantidad de denuncias, tengo la sensación de que estamos muy muy desprotegidos, en cuanto a las garantías. Hacen mucha falta mecanismos constitucionales y democráticos”.
Que al parecer no los hay.