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La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió que los jueces, fiscales y defensores deberán brindar informes por escrito a la Comisión Provincial por la Memoria acerca de los procesos iniciados a partir de enero de 2000 en los que se impute a policías o agentes penitenciarios por la muerte de personas, lesiones, privación ilegítima de la libertad, aplicación de torturas u otros tratos crueles o degradantes a los detenidos en cárceles, comisarías o institutos de menores. Con esos informes, la Comisión formará “una base de datos actualizada que permita posibles estudios estadísticos”.
Una base de datos de similares características había creado el Defensor de Casación de la provincia, Mario Coriolano, pero el Procurador General Eduardo Matías De la Cruz la desactivó. También instruyó a los funcionarios judiciales para que dejaran de documentar con fotografías el estado en que quedaban los presos después de esos castigos.
La Comisión Provincial por la Memoria, presidida por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y el fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañón, y que integran, entre otros, la senadora Elisa Carca, el rabino Daniel Goldman, el pastor Aldo Etchegoyen, el directivo de los trabajadores judiciales Víctor Mendibil y la madre de Plaza de Mayo y vicepresidente del CELS, Laura Conte, había reclamado por la desactivación del banco y la subordinación de los defensores a la Procuración.
A mediados del año pasado también objetó por inconstitucionales los decretos de Solá que confirieron facultades a la policía para allanar, requisar y detener personas. A partir de allí, Solá hizo lo posible por liquidar la Comisión, cuyo asesor técnico es el camarista Leopoldo Schiffrin, quien la semana pasada fue declarado Ciudadano Ilustre de La Plata.
Primero trató de ensuciarla con inconsistentes acusaciones sobre manejo de fondos que le salieron como disparos por la culata, luego intentó subordinarla al Poder Ejecutivo y por último redujo su presupuesto a menos de la mitad, por lo cual el gobierno nacional debió acudir en su auxilio. También pidió la renuncia al secretario de derechos humanos, Leonardo Franco, por haberle alertado en forma respetuosa y leal acerca de la ilegalidad de la decisión, antes de que la firmara.
Su último manotón, en respuesta a la acordada de la Suprema Corte y a la conmoción por el asesinato de Axel Blumberg, en un episodio de dudosa actuación policial, fue anunciar la creación de un Consejo Consultivo, al que se afirma que facultará para controlar la acción policial y penitenciaria. Designó para integrarlo a personas honorables (miembros de organismos de derechos humanos, familiares de víctimas del gatillo fácil policial) que, a poco que inicien la tarea, chocarán con el incurable oportunismo político de Solá, como ya ocurrió con la Comisión por la Memoria a la que su gobierno insiste en menoscabar.
Un grupo de ex detenidos en la U9 solicitó permiso para filmar un documental sobre los episodios de aquellos años. El propósito era rodar en los pabellones de la muerte, donde se alojaban los rehenes que luego serían asesinados. El gobierno bonaerense accedió y ofreció apoyo económico de la Fundación Banco Provincia, que presidía la esposa y rostro humano del gobernador, Teresa González Fernández. Pero el diálogo se interrumpió. Solá envió como emisario a otro ex detenido, hijo de un director del Instituto de Cinematografía durante el menemismo, para sugerir que en lugar de un documental hicieran una película de ficción, es decir sin nombrar a los carceleros. Cuando intentaron retomar el contacto directo para discutir ese punto, Solá no volvió a atenderlos, como hace cada vez que no se anima a enfrentar una situación. “El nombramiento del Manchado es coherente con su comportamiento”, dice el ex preso Julio Mogordoy. “Igual vamos a hacer esa película.”