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El interventor de la provincia de Santiago del Estero, Pablo Lanusse, estableció ayer un nuevo sistema para la designación de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público de la provincia. El procedimiento, que es similar al implementado desde el año pasado por el gobierno nacional en la selección de los jueces de la Corte Suprema, fue definido por un decreto que autolimita la facultad de nombramiento de jueces y fiscales del Poder Ejecutivo para abrirlo a la participación de asociaciones vinculadas con el quehacer judicial y los derechos humanos. Durante el mismo acto, Lanusse informó la remoción de once jueces y tres fiscales de la provincia intervenida.