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La coartada que María Julia Alsogaray usó para justificar parte de sus ingresos en sus declaraciones juradas entre 1992 y 1997 es la Ley 18.302 “S” (secreta), que regula el uso de fondos reservados por parte del Poder Ejecutivo. La ley fue sancionada en 1969 por el presidente de facto Juan Carlos Onganía, a pedido de su ministro de Economía y Trabajo, José María Dagnino Pastore, que buscaba acomodar a los tiempos de crisis económica el régimen vigente para “gastos reservados o secretos”, basado hasta ese momento en un decreto ley del gobierno militar de Pedro Eugenio Aramburu.
Esta norma habilita al Ejecutivo a disponer de “créditos” reservados para “gastos de carácter secreto” en los presupuestos del Comando en Jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, la Secretaría de Informaciones de Estado, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Dirección Nacional del Servicio y de la Unidad de Organización-Presidencia de la Nación, de donde María Julia asegura que salieron los fondos que incluyó en sus declaraciones de bienes.
Pese a varios intentos legislativos de derogarla y limitarla, la Ley 18.302 ha sobrevivido a tres décadas de gobiernos civiles y militares. El último de esos proyectos fue presentado en la Cámara baja en 1995 y uno de sus firmantes fue el diputado socialista Héctor Polino. “Nosotros pedíamos directamente la eliminación de esa norma, pero el proyecto no pasó de las comisiones”, explicó Polino a Página/12.