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La segunda Bonaerense sigue bajo la lupa del gobierno provincial. A dos días de la intervención del Servicio Penitenciario provincial, la Secretaría de Derechos Humanos pidió ayer que se profundice la investigación sobre cuatro altos funcionarios de esa fuerza: dos por su papel durante la última dictadura militar y otros dos por presuntos hechos de corrupción y maltrato a detenidos.
De constatarse las sospechas, el secretario Remo Carlotto solicitará a la cartera de Justicia los relevos y el inicio de los sumarios de práctica. En tanto, esa Secretaría continúa evaluando los legajos de más de 225 integrantes de ese Servicio, entre ellos el de 25 altos oficiales.
Carlotto señaló que además de investigar la conducta de estos oficiales durante los años 1976 a 1983, la Secretaría también indaga vinculaciones de personal del Servicio Penitenciario con reiteradas denuncias sobre mal trato y torturas de internos recogidas en las Defensorías Generales. Paralelamente, la intervención del Servicio –a cargo del abogado Ricardo Héctor Cabrera– ya comenzó a trabajar con los legajos de la oficialidad superior para constatar si el patrimonio declarado corresponde con los bienes que poseen.
El gobernador bonaerense, Felipe Solá, reconoció el jueves último que se “ha detectado personal penitenciario con antecedentes penales”, y si bien negó que vaya a implementarse una purga, advirtió que se fortalecerá la investigación de cada integrante de la institución.