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“No se quejaron de los presos comunes, ni del penal, pero sienten mucha bronca. Sufren coacción agravada y privación ilegítima de la libertad, que es lo que absurdamente se les imputa”, aseguró ayer la legisladora porteña de Izquierda Unida Vilma Ripoll, luego de visitar en el penal de Devoto a algunos de los 16 detenidos luego del conflicto en la Legislatura.
La jueza Silvia Ramond decidió detener bajo el cargo de coacción agravada a 16 personas que aún hoy siguen presas. Según los detenidos, fueron encarcelados una vez que finalizó el ataque a la Legislatura y fuera del escenario del conflicto. Además, la magistrada se negó a recibir a los abogados de los detenidos y a un grupo de organismos de derechos humanos que el miércoles pasado se habían acercado al juzgado para pedirle información. “Es muy grave, si efectivamente se concreta el secreto de sumario por diez días los acusados no vamos a poder acceder a la causa”, explicó Graciela Rosenblum, de la Liga por los Derechos del Hombre.
“Tres eran transeúntes que pasaban por ahí. Un anticuario de San Telmo, un motoquero que estaba trabajando y que había ido a comprar un remedio para una beba. Cinco habían ido a protestar. Ellos tienen otra que ganarse la vida en la calle porque no les queda otra”, explicó Ripoll.
La legisladora responsabilizó a los principales líderes políticos de la Capital y al Gobierno por las detenciones. “En vez de darles trabajo, Macri e Ibarra los persiguen con el Código. La provocación la montó un grupo chico y aislado, de servicios o muy ligado a ellos, que tuvo la zona liberada. Repudio esta violencia, funcional a los que piden mano dura. Pero rechazo también que el Gobierno no les dé respuestas”, concluyó Ripoll.