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Aunque no era su sentido original, desde su creación la ley secreta 18.302 sirvió a los distintos gobiernos de turno –tanto democráticos como de facto– para poder disponer de fondos reservados sin rendir explicaciones. La ex presidenta María Estela Martínez de Perón, por ejemplo, utilizó estos recursos para pagar a las hermanas de Evita parte de su sucesión. Años después, en otro caso, la Junta Militar de la dictadura solventó del mismo modo algunos gastos operativos preparatorios de la guerra de Malvinas. Los dos casos se detallan en un escrito presentado por el juez federal Daniel Rafecas ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso para pedir la derogación de la norma. Allí, Rafecas recordó la historia de la ley y de cómo “se fue abandonando la línea directriz que daba fundamento a su utilización”. Por eso pidió su derogación y que “en lo sucesivo las políticas que se adopten en materia de gastos secretos reservados se restrinjan a la inteligencia y seguridad del Estado, con control parlamentario”.