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En uso de los llamados “superpoderes”, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, volvió a aumentar ayer en 99 millones de pesos los subsidios a trenes y subterráneos. Gracias a las facultades delegadas por el Congreso al jefe de Gabinete, la medida fue tomada a sola firma, a través de la decisión administrativa 561, lejos de cualquier discusión parlamentaria que eche luz sobre la conveniencia de esa decisión y la real situación financiera de cada una de las empresas favorecidas. El caso de los subsidios a los ferrocarriles es paradigmático de cómo funcionan las “facultades extraordinarias”, que permiten modificar sin ataduras el Presupuesto 2005 votado en el Congreso. Por esa ley, este año sólo había 60 millones de pesos destinados a subsidios a los ferrocarriles, pero ya se llevan gastados 245 millones, cuatro veces más. Más aún: hace tres semanas se transfirieron 18 millones de pesos a Femesa, una empresa estatal fantasma que se terminó de liquidar el año pasado.
La decisión administrativa publicada ayer en el Boletín Oficial incrementa en 99,2 millones los subsidios a trenes y subtes, distribuyendo ese dinero entre las siguientes empresas: Ferrovías (34,4 millones), Trenes de Buenos Aires SA (21,9 millones), Transportes Metropolitanos Belgrano Sur SA (20,4 millones), Transportes Metropolitanos General Roca SA (11,5 millones) y Metrovías (11 millones).
En los fundamentos de la medida se dice que responde a “la necesidad de dar respuesta a los numerosos reclamos de las empresas concesionarias por regularizar la situación de atrasos en los pagos de subsidios y aportes del Estado nacional, afectando el cumplimiento de los planes de inversión en obras oportunamente acordados por la explotación del servicio”. Y se agrega que “a partir de la ley 25.561 de Emergencia Pública se suspendió cualquier incremento tarifario en los contratos de concesión hasta tanto concluya el proceso de renegociación contractual, con el objeto de preservar la economía de los usuarios”.
El nuevo subsidio a los trenes tiene todos los ingredientes de las llamadas “facultades delegadas”. El dinero para financiarlo saldrá de la partida “Obligaciones a cargo del Tesoro” –gastos que figuran en el Presupuesto sin ningún destino específico–, una reasignación vedada por dos leyes (24.156, de Administración Financiera, y 11.672, Complementaria Permanente del Presupuesto), pero que hoy es legal gracias a las “facultades especiales” votadas dentro de la ley de Presupuesto 2005.
El 27 de julio último, Alberto Fernández ya había recurrido a sus “superpoderes” para otorgar otro subsidio extraordinario de 85 millones de pesos a los concesionarios ferroviarios. Entonces, la Decisión Administrativa (DA) 415 sostenía que “los concesionarios han manifestado la imposibilidad de continuar la prestación del servicio en los estándares actualmente vigentes y la Secretaría de Transporte ha convalidado este reclamo, teniendo en cuenta el incremento en los costos de rubros sensibles a la operación de los servicios, tales como sueldos y energía”. En esa oportunidad, los fondos salieron en parte de presupuesto de Enarsa, la flamante empresa estatal de energía.
Facultades extraordinarias mediante, Fernández modificó el reparto de subsidios a trenes que figuraba en el Presupuesto 2005 de la siguiente manera:
- Por ley se autorizaban 60,2 millones de subsidios al total de concesionarios, pero ya se llevan gastados 244,7 millones.
- Metrovías debía recibir 12,4 millones, pero hasta la fecha embolsó 38,7 millones.
- A TBA le correspondían 18 millones, pero recibió 70,9 millones.
- Ferrovías figuraba con 30 millones, se le dieron 77,8 millones.
- Para Trenes Metropolitanos Roca no estaba prevista ayuda alguna. Pero obtuvo 19,4 millones.
- Transporte Metropolitano Belgrano Sur: no estaban presupuestados subsidios, pero recibió 37,9 millones.
El colmo de los superpoderes fue la DA 482, que entre otras reasignaciones de partidas destinó 18 millones de pesos a Femesa, una empresa estatal inexistente, lo que motivó un pedido de informes en Diputados, hasta hoy sin respuesta. En contraposición, la norma podó en 16,5 millones el programa “Más escuelas, mejor Educación” y 11 millones del “Programa de emergencia por inundaciones”.