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Al presidente George W. Bush no le quedó otra que asumir ayer en una conferencia de prensa en Washington su parte de la responsabilidad por la lenta respuesta al desastre natural que dejó Katrina. Un claro ejemplo de la lentitud fue Waveland, en la costa del Mississippi, que en los primeros días cruciales tras el paso del huracán era una ciudad olvidada. Los sobrevivientes se quedaron sin refugio, sin comida ni agua, sin nafta para manejar sus autos, presumiendo que todavía los tenían, para ir en busca de alimentos.
“Katrina expuso serios problemas en nuestra capacidad de respuesta en todos los niveles del gobierno. Y al extremo de que el gobierno federal no hizo del todo bien su trabajo, yo asumo la responsabilidad”, dijo Bush en Washington. “Quiero saber qué salió bien y qué salió mal”, añadió. El lunes, luego de recorrer en un vehículo militar algunas zonas devastadas de Nueva Orleans, Bush negó que “haya habido discriminación en la ayuda a los damnificados”, en su mayoría negros y pobres, lo cual es discutido por la población afroamericana de las ciudades afectadas, que dice que fue abandonada por el gobierno. Por su parte, la gobernadora de Louisiana, Kathleen Blanco, acusó al gobierno federal de no trabajar con suficiente rapidez en la recuperación de cadáveres y anunció que el estado contratará a una empresa privada para hacer el trabajo.
En Waveland, el primer kilómetro más o menos de la playa había sido borrado por una ola de 12 metros que dejó partes de refrigeradores y ropa envuelta en las ramas más altas de los pinos teñidos de marrón por el agua salada. A lo largo de la Autopista 90, los conductores se ahogaron en sus vehículos, que luego fueron arrojados unos encima de otros.
La primera ayuda significativa, cuando llegó, no fue de Fema –la Agencia Federal del Manejo de Emergencias del gobierno–, o del estado de Mississippi, ni siquiera de la Cruz Roja. Llegó de una iglesia evangélica de Alabama, cuyos voluntarios y pastores se mudaron a una gran playa de estacionamiento frente al abandonado supermercado K-Mart, establecieron carpas y lugares para dormir y comenzaron a distribuir alimentos, agua, hielo y medicinas básicas. Después de estar más de una semana en el lugar, la Iglesia Cristiana de Vida de Orange Beach, Alabama, estaba dirigiendo una vasta operación, con hasta 60 voluntarios que corrían en medio de cajones industriales de agua embotellada, pañales y papel higiénico, sirviendo tres comidas diarias a 4000 personas, organizando conciertos y servicios religiosos y entregando de todo desde nafta hasta corazón de alcaucil.
No sólo Fema no tuvo nada que ver con esto, explicó el pastor de la iglesia, Rick Long: “En realidad estamos alimentando a Fema. Y a la policía. Y a la Guardia Nacional”. Las autoridades federales están relegadas a un rinconcito del estacionamiento, donde lo único que hacen es procesar papeles. Lo que esto parece señalar es algo que Joe Allbaugh, el primer director de Fema del presidente George Bush, indicó una vez como su objetivo: que el gobierno se abstuviera de todo el asunto de asistencia en desastres y darle todo al sector privado, especialmente lo que a la Casa Blanca le gusta llamar “organizaciones basadas en la fe”.
Ahora, el ejército y la Guardia Nacional están llevando recursos al área desde una base aérea a unos pocos kilómetros al norte. Pero la impresión general, cuando se trata de los servicios ofrecidos a víctimas de la tormenta, es que el gobierno está jugando un rol llamativamente secundario.
Quizá simbólicamente, la municipalidad de Waveland fue borrada, todo salvo una placa recordatoria de los daños provocados por el huracán Camila en 1960, y en el lugar surgió una carpa improvisada para un centro de distribución dirigido por el hombre cuya casa destruida estaba en ese mismo lugar, Brian Mollere, y un colorido personaje local, Wild BillLaprime, que dice que ahora se quiere postular como alcalde. “La municipalidad está destruida y me imagino que estamos haciendo el trabajo de ellos”, dijo.
Todos en Mississippi tienen historias sobre la lentitud de la respuesta del gobierno, provocando preocupantes preguntas sobre cómo puede ser de efectiva cualquier movida hacia la privatización. También hay preguntas sobre dónde, una iglesia con una congregación de 800, pudo encontrar los recursos para instalar una operación humanitaria que cuesta ente 15.000 y 20.000 dólares semanales. El pastor Long insiste en que está siendo financiada por la iglesia y sus donantes y dijo que no recibió un penique del gobierno federal, la separación constitucional de la iglesia y el estado harían que tales subsidios fueran ilegales.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.