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Los niveles de pobreza en el distrito de Quilmes no son distintos a los del interior del conurbano, excepto en un punto: el trabajo informal. El 45 por ciento de los trabajadores y empleados de esa localidad sobrevive bajo las reglas impuestas por el trabajo en negro. En ese sistema se inscriben también los recuperadores de basura, uno de los recursos de supervivencia más habituales entre los habitantes del barrio de la Escuela del IAPI.
Quilmes está ubicada en el segundo cinturón bonaerense, dentro de la dominada zona GBA 3, la tercera en la escala de intensidad de carencias socioeconómicas de la región. Así la define un estudio proporcionado en exclusiva por la consultora Equis a este diario y elaborado en base a los últimos datos del Indec. En mayo de este año, según esas cifras, la mitad de los trabajadores asalariados de Quilmes cobraba menos de 400 pesos por mes. Y un 55 por ciento de los 600 mil habitantes se encuentra por debajo de los índices de pobreza, entre ellos el 24,1 por ciento está considerado como indigente.
Los ingresos de la mayoría de las familias tipo no superan un promedio mensual de 730 pesos. Ese es para el Indec el límite que determina el nivel de pobreza. Entre los 330.600 ciudadanos más pobres, hay 115 mil menores de 15 años y entre ellos existen unos 45 mil son niños indigentes con severas dificultades de acceso a una canasta básica de alimentos que garantice el aporte calórico mínimo para el crecimiento adecuado.
Entre la población económicamente activa, los valores repiten los de las estadísticas provinciales: un 20 por ciento tiene ingresos de 175 pesos mensuales, otro 20 por ciento gana hasta 360 pesos y un diez alcanza el piso de 400 pesos. Sólo un 20 por ciento tiene ingresos superiores a los 1696 pesos.
Estos datos se cruzan con otro frente: el desempleo. El 38,1 por ciento de la población económicamente activa está desocupada o subocupada. Son más de 96.825 personas, de los cuales 35 mil son jefes y jefas de hogar. En cuanto al 45,5 por ciento de los trabajadores del mercado informal, el nivel de ingresos se encuentra un 45 por ciento por debajo del de sus pares contratados en condiciones legalizadas. Esta población no posee cobertura ni aportes previsionales, situación que se agudiza entre los 26 mil jefes de hogares del distrito.