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El 6 de marzo de 2000 el entonces juez federal Gabriel Cavallo declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y abrió una nueva etapa en los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar. Cavallo tomó la medida para juzgar a los represores Julio Simón (El Turco Julián) y Juan Antonio del Cerro (Colores), que actualmente están procesados. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó la decisión en noviembre de ese año. En octubre de 2001 el magistrado Claudio Bonadío también anuló las leyes. En este caso, fue en el expediente en el que se procesó a miembros de la patota de la ESMA por las desapariciones de el contador Horacio Palma, el empresario Victorio Cerutti y el abogado Conrado Gómez. La misma sala de la Cámara, integrada por Horacio Cattani, Martín Iruzun y Eduardo Luraschi, volvió a ratificar la medida. Hace quince días el juez federal de Salta Miguel Antonio Medina se pronunció por la inconstitucionalidad de las leyes. Lo hizo para poder investigar la masacre de Las Palomitas, en la que fueron asesinadas doce personas que estaban detenidas en la cárcel de Villa Las Rosas. Jorge Urso podría ser el próximo magistrado que sesume a quienes intentan hacer justicia con quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.