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“Nunca hice nada sin estar respaldada por la ley”, se defendió la procesada María Julia durante su declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadío. De ese modo intentó defender la legalidad de las contrataciones que llevó adelante mientras estuvo a cargo de la intervención de la ex telefónica estatal ENTel. La ex funcionaria menemista, que ayer volvió a los tribunales federales de Retiro para rechazar el cargo de defraudación, se encamina hacia el juicio oral y público acusada de enriquecimiento ilícito.
María Julia Alsogaray ya conoce la rutina. Llegó a las 9.30, de tailleur marrón y una chalina fucsia, evadió la guardia periodística que había frente a su casa y en las puertas del edificio de Comodoro Py 2002, y se dirigió al sexto piso en busca de su defensora oficial, Perla Martínez de Buck. Tras repasar algunos detalles, ambas se encaminaron hasta el despacho del juez Bonadío donde debía dar explicaciones sobre la contratación de un servicio contable externo durante su gestión como interventora de la desaparecida Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Mediante un concurso privado de precios y sin licitación pública, Alsogaray hizo que ENTel contratara a la empresa KPMG Argentina, una firma dedicada a auditorías externas, que apareció en el expediente asociada con un estudio jurídico a cargo de Jaime Fernández Madero. Precisamente éste último, así como los directivos de KPMG, también fueron citados a indagatoria. Además, ENTeL ya tenía un cuerpo propio de letrados.
Los investigadores determinaron que el servicio externo contratado por la ex telefónica estatal tenía como misión reclamar a los contratistas que finalizaran los trabajos pendientes y devolvieran los materiales sobrantes. Y esa operatoria derivó en unos 30 juicios, la mayoría de los cuales fueron declarados prescriptos, ocasionándole un presunto perjuicio al Estado por el pago de las costas de aquellos procesos.
Según testigos de la audiencia, que duró cuatro horas, la imputada admitió que había llevado adelante el acuerdo con la empresa que se le objeta y buscó defenderse aclarando que su accionar estuvo amparado “en la ley 22.460”, que regula la contratación de compañías extranjeras. “La contratación fue absolutamente legal y era necesaria”, se defendió la ex polifuncionaria. También enfatizó que, aunque el denunciante le objeta no haber contratado un estudio jurídico, “en aquel momento lo que se necesitaba era poner en orden la contabilidad y por eso se contrató un estudio contable”.
Antes de retirarse accedió a dialogar con la prensa. “Se hizo por concurso privado y ese encuadre no fue objetado, y su publicación una vez contratado no mereció nunca observación de parte de nadie que se considerara perjudicado”, remarcó.