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El asesinato de los piqueteros, que agudizó el conflicto social, y el congelamiento de las negociaciones con el FMI aceleraron los tiempos. Eso sí, para que el presidente Eduardo Duhalde pudiera convocar a elecciones anticipadas debía acordar dos puntos fundamentales: habilitar a Carlos Menem para que pueda presentarse en la interna y resistir cualquier intento de revocación de mandatos. Con el primer punto se buscó tranquilizar la vida interior del PJ. El segundo no es menos importante, ya que si el próximo presidente no es peronista quedará cautivo de la actual conformación de las cámaras donde el justicialismo es mayoría. El debate ya había comenzado a desarrollarse desde antes del viaje del ministro Roberto Lavagna a los Estados Unidos. Por todo ello, el anuncio de Duhalde no fue una sorpresa para los diputados y senadores del peronismo.
Oficialmente los diputados esgrimen otros argumentos para justificar el anuncio presidencial. Por caso, para el titular del bloque de diputados, Humberto Roggero, “la situación económica de la Argentina se está estabilizando, comienza a haber posibilidades de recuperación” y, por lo tanto, “había que dar previsibilidad a la transición”. Cuando lo repite ante los periodistas, el cordobés no puede disimular la sonrisa. A su turno, el ultraduhaldista Daniel Basile jura que la decisión de Duhalde es la “culminación de una transición exitosa que incluye el futuro acuerdo con el FMI”. Ninguno hace referencia al conflicto social y mucho menos a los asesinatos de los dos piqueteros el miércoles de la semana pasada.
Estas frases se escuchaban frente a los micrófonos, en los despachos del justicialismo las conversaciones son diferentes. Para los legisladores oficialistas la estrategia acordada era la única posible para Duhalde. Muchos coinciden en señalar que la decisión presidencial da cuenta de la imposibilidad del bonaerense de deshacerse de quien alguna vez fuera su socio. Es por ello que cuando anuncia los comicios explicita que da por terminado el mandato del radical Fernando de la Rúa, aplacando así la disputa interna. Habrá que ver ahora quién compite en esos comicios convocados para noviembre. En Diputados ayer aseguraban que por ahora los únicos inscriptos en la pelea son el salteño Juan Carlos Romero y el ex presidente. “(Carlos) Reutemann está por ahora en duda. Si el Lole se baja, (José Manuel) De la Sota será de la partida”, aseguró un interesado operador del delasotismo (ver aparte). Para los diputados, el puntano Adolfo Rodríguez Saá jugará la partida. El que está en duda es el santacruceño Néstor Kirchner.
Más allá de las especulaciones justicialistas sobre su disputa interna, lo cierto es que la estrategia elegida por el PJ tiende a garantizar la continuidad del modelo. Y en esto va la negativa a cualquier intento de revocación de mandatos. Roggero sostiene que el próximo año se renovará el 80 por ciento de los cargos electivos del país, esto es, desde diputados y senadores nacionales hasta concejales, legisladores provinciales e incluso algunos intendentes municipales. Con este argumento los justicialistas sostienen que “es innecesario la revocación de los mandatos que, si se lo hace como corresponde, debe llamarse a una reforma constitucional”. En este punto el radicalismo en extinción acuerda sin dudarlo. De esta forma, el próximo presidente tendrá durante los primeros seis meses de su mandato la conformación actual de los cuerpos legislativos, donde el peronismo es mayoría y el radicalismo –en peligro de extinción frente a una elección– acompaña.
La mayoría del PJ sólo está dispuesto a conceder una reforma en la ley de Acefalía que garantice el fin del mandato de De la Rúa-Duhalde, “como para poner las cosas en su lugar” y evitar cualquier cuestionamiento jurídico a la decisión del bonaerense de violentar el mandato de la asamblea legislativa que lo catapultó al interinato en enero pasado.También se comprometen, como señaló Roggero con dudosa candidez, que “si el PJ es derrotado en las elecciones, respetará la decisión de la gente y no entorpecerá al candidato triunfante”.
Hay un último detalle. Para evitar que los partidos que hoy figuran con mayor intención de votos engrosen su ganancia, el PJ tiene pensado impulsar un proyecto que flexibiliza la formación de partidos políticos. Con ello pretenden atomizar la oferta de la centroizquierda y debilitar a los dos candidatos de ese sector: Elisa Carrió y Luis Zamora.