Miguel Etchecolatz ya estaba detenido desde hacía un tiempo en el penal de Marcos Paz, donde anoche lo trasladaron nuevamente luego de hacerle escuchar su sentencia. Sin embargo, el dato es, en todo caso, la excepción en su biografía; porque este comisario de la Bonaerense que fue el hombre de confianza de Ramón Camps y manejó veintiún centros clandestinos de detención pasó la mayor parte de su vida en libertad.

Etchecolatz tuvo a su cargo el Pozo de Quilmes, el Pozo de Banfield –conocido como El Infierno–, el COT1 Martínez y la División Cuatrerismo de La Plata, entre otros campos de detención ilegal, y en muchos de ellos fue visto de manera repetida. Organizó además el operativo de La Noche de los Lápices.

En diciembre de 1986 la Cámara Federal de la Capital lo condenó a veintitrés años de prisión por tormentos a casi un centenar de personas. Sin embargo, pasaría poco tiempo detenido; desde la cárcel, según investigó el juez Juan Ramos Padilla, Etchecolatz trabajó junto a Camps para crear el clima que conduciría a los alzamientos carapintadas y a la sanción de la ley de Obediencia Debida, por la que recuperó su libertad.

En 1987, el juez federal Miguel Pons pediría su captura como parte de los civiles implicados en la sublevación militar; pero de manera parecida a lo sucedido con la condena anterior, Etchecolatz también se sacaría el caso de encima, esta vez con un sobreseimiento. En libertad, apareció en la sala de audiencias donde se realizaba el juicio oral contra los carapintadas con intenciones de presenciarlo y fue expulsado por la provocación.

En 1997 publicó el libro La otra campana del Nunca Más, en el que defendió el terrorismo de Estado. Allí asegura: “Nunca tuve, ni pensé, ni me acomplejó culpa alguna. ¿Por haber matado? Fui ejecutor de una ley hecha por los hombres. Fui guardador de preceptos divinos. Por ambos fundamentos, volvería a hacerlo”.

Mariano Grondona lo invitó a su programa a presentar el libro. Grondona sentó frente a Etchecolatz al entonces diputado socialista Alfredo Bravo, torturado por él. Durante la hora y media que duró la emisión, el comisario atacó a Bravo. Negó que hubiera sufrido torturas, le pidió que describiera los tratos de que había sido objeto y lo desafió preguntándole si desde joven sufría de callos plantales y pie plano. “¿No se le revirtió con el tratamiento que nosotros le dimos?”, ironizó frente a las cámaras. El “tratamiento” había consistido en la aplicación de picana, golpes y la inmersión de sus piernas en agua hirviendo y muy fría sucesivamente.

En los años que siguieron, sin castigo, fue objeto de varios escraches. Uno de ellos dio lugar a otro escándalo, en el ’99, cuando cuatro chicos lo vieron en una plaza y le tiraron huevos; el comisario sacó un arma y los amenazó.

En abril de 2001 fue detenido por el robo de una beba hija de desaparecidos, Carmen Sanz, nacida en el Pozo de Banfield. Y tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el juez federal de La Plata Arnaldo Corazza reactivó la causa Camps y ordenó su arresto. El juez lo notificó entonces de que debería terminar de cumplir la pena de 23 años por la que había sido condenado en 1986 y lo mandó al pabellón de ancianos de la cárcel de Devoto. Allí empezó a cumplir, además, la condena por la apropiación y supresión de identidad de Carmen Sanz. Pero otra vez sería por poco tiempo: apenas un año más tarde fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Etchecolatz se mudó de Devoto a un chalet en el bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata.

La causa por la que ahora fue condenado se abrió en el 2000. El expediente se centró en seis casos por los cuales Etchecolatz nunca había sido juzgado ni amnistiado: el homicidio de Diana Teruggi y la privación ilegal, tormentos y homicidio calificado de Ambrosio De Marco, Patricia Dell’Orto, Elena Arce, Nora Formiga y Margarita Delgado. Los jueces lo condenaron además por la privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos de Jorge Julio López y Nilda Eloy.

Las audiencias comenzaron en junio pasado. El viernes 23 de ese mismo mes, el tribunal le revocó el beneficio de la prisión domiciliaria, tras constatar que en su casa de Mar del Plata el acusado tenía un arma. Trasladado a Marcos Paz, desde ese día Etchecolatz ya no recuperaría la libertad.