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Uno de los argumentos que esgrimen en el menemismo en los intentos por salvar a Carlos Menem de responsabilidades penales, es que la Ley de Etica Pública (25.188) no rigió durante su presidencia y, por ende, no se lo podría acusar por “omisión maliciosa” –por excluir en su declaración jurada de bienes la cuenta suiza que él mismo ahora reconoce– como lo hizo la Oficina Anticorrupción (OA). En ese organismo refutan: “La ley de ética fue promulgada en noviembre de 1999, cuando todavía Menem era presidente, por lo tanto se le debe aplicar igual que a todos los funcionarios de entonces”, en palabras de Manuel Garrido, director de investigaciones. Roberto de Michele, director de Políticas de Transparencia, agrega: “El propio Menem reconoció esa normativa al cumplir con ella y presentar en el año 2000 la declaración que le correspondía con posterioridad al cese en su cargo”. La cuenta en Suiza que Menem admite tener y que no declaró ni ante la AFIP tuvo en un comienzo, según el riojano, 200 mil dólares de la indemnización que cobró por el tiempo que estuvo preso durante la dictadura y, siempre según su teoría, con los intereses la cifra escaló a algo más de 600 mil.