Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechazó la impugnación al dictador Antonio Domingo Bussi para asumir su banca en la Cámara baja, se abre la posibilidad de habilitar la asunción del ex subcomisario Luis Abelardo Patti. El diputado nacional Miguel Bonasso advirtió que duerme un proyecto que plantea la morte civile de los genocidas y represores, con la que no podrían presentarse para ningún cargo público en los poderes del Estado. Por eso, acusa a la “clase política” de “gran cobardía” al permitirles “salvarse”. Bonasso, uno de los impugnantes junto a Remo Carlotto del diploma de Patti, explica sus diferencias con el máximo tribunal.

–¿Cuál es su apreciación respecto del fallo de la Corte Suprema de Justicia?

–Me parece contradictoria, contiene dos filosofías distintas en el mismo frasco. Un vino exquisito con la anulación de los indultos y un veneno, que es el conflicto entre el Poder Legislativo y el Judicial. El artículo 64 de la Constitución Nacional establece de manera taxativa que son los legisladores los únicos que tienen la potestad de juzgar a sus pares. Además, el artículo 75 establece la adhesión de la Argentina a los tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica. Me extraña mucho que el máximo tribunal, por quien tengo un gran respecto intelectual e incluso afecto personal por alguno de sus miembros, incurra en una visión errónea respecto a este tema.

–La Corte argumenta que las impugnaciones deben ser anteriores a la presentación como candidato y que una vez electo debe asumir su banca.

–Hubo una presentación del CELS impugnando la candidatura (de Luis Patti a la gobernación en 1999), pero no fue tenida en cuenta. Ese es un argumento falaz. La Justicia Electoral actúa pero no se toma el trabajo de investigar. Suele limitarse a verificar si el candidato vive en el distrito, si cumple la edad necesaria, si tiene una sentencia firme o si está preso, pero no califica la idoneidad moral de aquellos que manifiestamente está comprobado que son genocidas, como el caso de Bussi, en el que hay centenares de testimonios que lo incriminan o el caso de Patti que nunca fue juzgado y la causa se cayó por el paso del tiempo hasta que se dictaron los indultos. Hay elementos de sobra para considerar que estos señores carecen de idoneidad moral.

–¿No podría usarse la figura de la idoneidad moral para que, en otra situación, las mayorías definan quiénes ingresan en el Congreso?

–No, porque no se tomó en cuenta el carácter de excepcionalidad de la figura de idoneidad moral. El límite es la “sospecha fundada” de violación de los derechos humanos. Si esto no se respeta puede significar la elección por el voto popular de Benito Mussolini o Adolf Hitler. Elisa Carrió dijo que a partir de Nuremberg había una nueva concepción de la democracia: Soberanía popular más respeto por los derechos humanos. Considero que la única restricción tiene que ser ésa, los derechos humanos. Son los dos pilares.

–¿Cuál es la actitud a tomar frente esta medida?

–Pienso que vamos a un conflicto de poderes. Los que impugnamos a Patti, si tenemos que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, iremos. La batalla contra la designación de un torturador la vamos a librar hasta último momento. Si no van a aparecer más Julios López. Si Patti ingresa triunfal a la Cámara de Diputados sería un retroceso para la democracia. Envalentonaría a la derecha, que está leyendo el triunfo de Macri como una posibilidad para tomarse una revancha.

Entrevista: Sebastián Abrevaya.