El titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, aseguró ayer que ese organismo verificó que “hay una alteración, a través de diversas irregularidades” en la elaboración del Indice de Precios al Consumidor. Los dichos del funcionario dieron más consistencia a las sospechas sobre los indicadores oficiales, en cuya elaboración ha intervenido activamente el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Garrido recordó que la semana pasada se reiteraron medidas cautelares para “evitar que siga adulterándose ese índice”, falta que la semana pasada habría sido corroborada por el fiscal federal Carlos Stornelli.

“Se ven cosas que nosotros adelantamos: se le baja el índice a los consumidores”, expresó el titular de la Fiscalía, en alusión a las intervenciones oficiales que habrían alterado los procedimientos de rutina para el cálculo del IPC.

Según destacó el funcionario, la falta investigada adquiere más gravedad a la luz de que el índice es a su vez utilizado para otros cálculos esenciales como el de pobreza. Fuera de la órbita específica del Instituto, es también una referencia clave para las negociaciones salariales o para la elaboración del Coeficiente de Estabilización de Referencia (Cer), con el que se ajusta gran parte de la deuda pública.

Para Garrido, hay una perturbación “a través de diversas irregularidades, como el no cómputo de los precios encuestados y una alteración de los sistemas informáticos que hacen cálculos de promedio”, transgresiones a los procedimientos de rutina que se estarían produciendo “desde enero”.“No es un cambio de metodología sino una maniobra delictiva irregular como la adulteración del índice”, sentenció el fiscal, para quien esos procedimientos “ponen en riesgo el valor y el reconocimiento del Indec”, que ha gozado de gran prestigio durante mucho tiempo.

En el avance de esta causa resultó decisiva la contribución que hicieron funcionarias desplazadas, que aportaron datos ilustrativos sobre los cambios en los procedimientos que se implementaron en el Instituto desde hace unos meses, cuando el propio Moreno exigió conocer la identidad de comercios relevados, pedido contrario a la reserva impuesta por la ley. “Muchos funcionarios del Indec colaboraron con la Justicia”, dijo Garrido, “sobreponiéndose a miedos, a ser objeto de represalias, como se está viendo en este momento. Hay que tener mucho coraje”, reivindicó el titular de aquella fiscalía.

El actual titular del Indec, Alejandro Barrios, aseguró que los cambios metodológicos que se dispusieron en enero “se produjeron por centenares” en los años anteriores y responsabilizó a las desplazadas Graciela Bevacqua y Clyde Trabucchi por haberse negado a explicar la metodología utilizada y con ello haber generado un conflicto con Economía.