Viernes, 27 de julio de 2007 | Hoy
EL PAíS › TRASLADARON A LOS TRES MARINOS DETENIDOS
Tres capitanes de la Armada fueron trasladados ayer a Mar del Plata para ser interrogados por su participación en la represión ilegal durante la última dictadura, en el marco de la causa judicial que investiga los crímenes cometidos bajo la órbita de la marina marplatense y la existencia de centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y la Prefectura Naval. Sobre los tres marinos, que comandaron los centros de tortura y extermino, pesa la imputación de más de 600 delitos de lesa humanidad.
Las detenciones de los capitanes de navío Mario José Forbice y Juan José Lombardo fueron ordenadas por el Juzgado Federal número 3 de Mar del Plata, a cargo del juez subrogante Rodolfo Pradas y se concretaron el miércoles. A ellos, se sumó la posterior detención de otro capitán de fragata, Rafael Guiñazú, en el marco de la misma causa judicial, que ya tiene otros cinco marinos, un coronel (RE) y un general (RE) del Ejército bajo arresto domiciliario.
Lombardo se desempeñó durante 1977 como jefe de la Base Naval de Mar del Plata y en su carácter de jefe de la guarnición militar suscribió una gran cantidad de notas enviadas a los propios familiares de las víctimas, con diferentes objetivos. La justicia le imputa un total de 124 delitos.
Guiñazú fue el subjefe de la Base Naval en el ’77 y jefe de la agrupación de Buzos Tácticos del ’76 al ’78, y los organismos de derechos humanos presentaron acusaciones por 430 hechos de violaciones y torturas física y psicológicas. En tanto, Forbice estuvo en los años más duros de la represión ilegal (1976 y 1977) al frente de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, y se le imputan un total de 83 delitos.
La causa que llevó a los tres capitanes tras las rejas se inició a partir de una presentación judicial de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Ex Detenidos de Mar del Plata, que fue acompañada por la Secretaría de Derechos Humanos provincial.
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