La maniobra del interbloque PRO no causó el efecto esperado. Tras dos horas de exposición de los juristas invitados para despejar dudas “técnicas” sobre un proyecto de reglamentación de abortos no punibles, los asesores de la Comisión de Legislación Penal resolvieron dar por cerrado el debate y sentarse a redactar sus informes finales. Los juristas Andrés Gil Domínguez y Lucila Larrandart defendieron los proyectos, ya que “garantizan el derecho al aborto a las mujeres de escasos recursos que mueren por realizarse intervenciones clandestinas”. Los ataques vinieron por parte de los juristas Luis Velazco y Analia Pastore, que reclamaron por “los derechos del niño por nacer”. Representantes de movimientos de mujeres, por un lado, y de organizaciones que se oponen al aborto, por otro, escucharon en silencio los argumentos de cada parte.

Un cierto aire de alivio se veía ayer entre los promotores del proyecto que pasó airoso un nuevo examen de la derecha. Tanto Gil Domínguez como Larrandart, dos juristas con amplia trayectoria en la materia, respaldaron la iniciativa sin reaccionar a la provocación de los juristas que se proclamaban como “defensores de la vida por nacer”, quienes de manera imperativa, y contra lo dicho por el asesor que actuó de moderador, buscaron instalar a último momento el cruce verbal. La función del encuentro solicitado por el interbloque PRO era responder a inquietudes técnicas sobre dos proyectos de ley que buscan reglamentar el alcance y los procedimientos de los casos de aborto no punibles en la Argentina.

Velazco y Pastore, ambos profesores de la Universidad Católica Argentina, centraron su presentación en la defensa de la vida del niño por nacer por sobre el de la mujer y calificaron de “inconstitucional” el artículo 86 del Código Penal –prevé los casos de aborto no punible– por violar tratados internacionales de defensa de los derechos del niño. También cuestionaron el proyecto –consensuado por las diputadas Juliana Marino y Silvia Ausburger– por contemplar la posibilidad de que las mujeres puedan realizarse un aborto si el embarazo es producto de una violación. El pedido está encuadrado en un caso de aborto terapéutico. “Una ley no puede basarse en la presunción del peligro para la salud psíquica”, sostuvo Pastore. “Es incomprensible además que pueda acceder sólo presentando una denuncia policial” se quejó la jurista.

Los especialistas a favor de la iniciativa privilegiaron la necesidad de “poner fin a la discriminación que genera la judicialización de los pedidos de aborto”. “Los proyectos buscan terminar con la realidad de que una mujer tenga que ventilar su caso ante los médicos que en vez de cumplir con la ley le preguntan al juez”, destacó Gil Domínguez.

Referentes de organizaciones conocidas como “pro vida” respondieron a la convocatoria lanzada por el PRO y estuvieron presentes en el Anexo de la Cámara de Diputados. No se quejaron cuando se les impidió dirigir preguntas a los especialistas, porque luego se las susurraron a las asesoras de los diputados del PRO, Nora Ginzburg y Eugenio Burzaco. El llamado de los promotores del proyecto también generó respuesta. Las mujeres del Movimiento Libres del Sur estuvieron ayer como una forma de contrarrestar la jugada de la derecha. “Vamos a luchar por los derechos de las mujeres a no morir en un aborto clandestino”, dijo Malena Haboba, responsable del área de Mujer de esa agrupación.

Informe: Elisabet Contrera.