Telefónica y Telecom, dos marcas que podrían remitir a un único accionista controlador, son por ahora soberanas casi absolutas de un negocio notoriamente cercado. A pesar de la desregulación post privatización, que se introdujo en etapas entre 1999 y el 2001, ambas prestadoras tienen el 95 por ciento de la telefonía fija, alrededor del 75 por ciento de la telefonía celular y una proporción similar del servicio de Internet por banda ancha. Amén de que gozan de una posición preferencial para nuevas explotaciones como la de ofrecer TV por sus redes, alternativa por ahora bloqueada legalmente.

Es cierto que desde que el decreto 764 del 2001 habilitó nuevos prestadores en todos los segmentos, aun en el de fijo, aparecieron competidores y se expandió en parte de la red de comunicaciones, por ejemplo, con el tendido de nuevas mallas de fibra óptica. Pero ese ingreso tuvo una doble característica que hizo a los nuevos adversarios casi inocuos. Por un lado, se quedaron disputando la crema del negocio en los grandes centros urbanos del país como Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario, con lo que todo el resto del país quedó exento de esa puja empresaria que debería redundar en servicios mejores y más baratos. Pero además, las nuevas operadoras también limitaron su accionar al servicio de larga distancia o aquellas prestaciones que le permitirían eludir las inversiones que demanda una prestación integral, que incluya la conmutación.

A juicio del especialista en telecomunicaciones David Alperín, el modo como está estructurado este negocio explica en parte las dificultades para hacerlo más competitivo. Según el diseño actual, Telefónica y Telecom explotan lo que podría identificarse como las tres etapas de producción del servicio: la conmutación (que entraña la operación de trescientas centrales en la Capital Federal y el conurbano); la distribución (la llegada al usuario, en la jerga un tramo denominado “última milla”) y la larga distancia, el equivalente a la transmisión en la electricidad.

Si se replicara el modelo operativo que existe en los Estados Unidos desde 1996 (y que vale la pena citar porque, efectivamente, en ese país hay una disputa que se traduce en más opciones y menores tarifas), las empresas que estén en uno de aquellos segmentos sólo podrían incursionar en el otro si operan su negocio base en competencia. Sobre este esquema, Telefónica y Telecom quedarían eventualmente limitadas a la operación de centrales, y así se abriría el juego para otros actores en el resto de los segmentos. Pero ésta no es la realidad argentina y quizá la integración técnica y económica del servicio explique en parte el desánimo de los competidores.

Valgan de ejemplos que de 460 cooperativas eléctricas que existen en el país sólo 60 prestan también servicio de telecomunicaciones al que están habilitadas por ley. Telmex, del mexicano Carlos Slim (también dueño de CTI), hizo algún intento de ampliar su menú de prestaciones, pero finalmente quedó abocado a la comunicación corporativa y de larga distancia.

La obligación de hundir activos para desarrollar un negocio hasta ahora extremadamente atractivo en situación de monopolio legal o de hecho es una de las restricciones. Según apunta Henoch Aguiar, quien como secretario de Comunicaciones de la Alianza fue el responsable de la desregulación formalizada a partir del 2000, la concentración también está propiciada por la presunta inoperancia de los organismos estatales encargados de dar las licencias.

A decir del ex funcionario, la secretaría que ahora comanda Lisandro Salas “congeló” desde 2002 el otorgamiento de nuevas licencias a prestadores chicos, que aspiraban a ganar terreno en el negocio hiperconsolidado de las telefónicas. En rigor, esta estrategia de demorar los permisos habría sido instrumentada por el antecesor en ese cargo, Guillermo Moreno, hoy la voz oficial para combatir la suba de precios. Otro posible favor oficial del que gozan las licenciatarias a punto de fusionarse es que no se hizo efectiva su carga de invertir el 1 por ciento de la facturación anual para universalizar el servicio, un paquete de 800 millones de pesos.

Los veedores estatales en Telecom tendrán que velar por que no se configure un monopolio contrario a la compleja legislación argentina, ese entramado de normas que intenta introducir competencia en el mercado argentino sin demasiado éxito hasta el momento.