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En pocos meses, la Argentina pasó de una situación en la que los mercados, funcionando mal o bien, decidían la prosperidad o la ruina, a otra en que todo depende del dedo. Pero ni siquiera de uno sino de varios: el ministro de Economía, el directorio del Banco Central, el Congreso, la Justicia, sabiéndose además que detrás –la confesión de Jorge Remes Lenicov es elocuente– ejercen efectiva presión diversos lobbies (de banqueros, de empresarios, etcétera). Además, cada uno de esos dedos puede activarse en el momento menos esperado, para deshacer las decisiones de otros o las propias de un momento anterior. Resultado inevitable: la arbitrariedad, el caos en la política económica, la incoherencia, la imprevisibilidad.
Van ya casi nueve meses de violentos revoleos patrimoniales, mientras la economía no cesa de contraerse. En este contexto, que partió de la inmanejable herencia de la convertibilidad, no hay ninguna posibilidad de soluciones razonables y equitativas. Pero la peor de todas es la solución cambiante, múltiple y contradictoria. El caso del 13 por ciento podado a los empleados estatales es un buen ejemplo. Se lo rebanó para lograr el déficit cero, que nunca se consiguió. Se argumentó que el recorte era justo porque en el sector privado los salarios habían caído aún más. Ahora la Justicia anula la reducción, pero Economía se siente perjudicada porque redescubrió la comodidad de vivir del impuesto inflacionario.
Los economistas aman hablar de los “precios relativos”, que son las relaciones entre los precios de diversos bienes, particularmente el dólar, por un lado, y el resto, por el otro. En relación con esto, lo característico de este tiempo es que los precios relativos se han vuelto locos: el dólar subió 270 por ciento; los precios mayoristas, casi 100; los minoristas, 35, y los salarios, nada de nada de nada, si se dejan de lado los $ 100 no remunerativos que a partir de julio consiguieron cobrar algunos trabajadores. Por tanto, ¿con qué parámetro general indexar?
El prestamista tiene derecho, como mínimo, a preservar el valor real del capital que dio en crédito, por lo que es justo adecuar, por algún índice de precios, el monto nominal de las deudas. ¿Pero cómo hacerlo cuando el salario real está cayendo abruptamente? Cuando el ingreso de los trabajadores disminuye, no es posible extraer de ellos la misma renta que antes, cuando los salarios eran más altos. En esta situación, utilizar como indexador el CVS (coeficiente de variación salarial) implica asociar a los dueños del capital (inversores, ahorristas) a ese empobrecimiento.
Hacerles perder plata a éstos puede lograrse mediante una ley o un decreto, pero ese método no servirá para convencerlos de volver a poner su dinero. Por tanto, si financiar hipotecas es mal negocio, no habrá quien dé crédito para vivienda, y el que la necesite no podrá adquirirla. ¿Pero cómo puede haber crédito a largo plazo en una economía altamente inflacionaria, como ha vuelto a ser la argentina? Por lo demás, lo que se lograría indexando las deudas hipotecarias sería una ola de ejecuciones. Además del drama social, ¿cuánto podrían recuperar los bancos si sacaran a remate miles de inmuebles?
Ningún matemático sería capaz de hallarle una solución a este sistema de ecuaciones. Pero nadie aventuraría, tampoco, que la mejor respuesta consiste en que cada poder del Estado imponga su criterio, en guerra con los demás, para arrasar así con toda regla de juego.