Cualquier medida de encierro contra chicos de menos de 16 años es “ilegítima”, según determinó ayer la Cámara de Casación Penal, al declarar inconstitucional un decreto ley de la dictadura que permitía su detención. La medida se apoyó en un hábeas corpus presentado por la Fundación Sur y el Cels, entre otros, hace más de un año, que solicitó la derivación de más de 60 chicos detenidos en un instituto porteño a organismos de contención y asistencia estatales.

“La disposición sobre el menor afecta a los principios constitucionales básicos, porque pese a no tener consecuencias penales la conducta desplegada y sin que exista un debido proceso para habilitar la medida, se lo priva de la libertad de modo desproporcionado”, expresó el máximo tribunal penal. Con ese criterio, declaró que es “inconstitucional” el artículo 1º de la ley 22.278, que establece que un chico menor a 16 años “no es punible”, pero que la Justicia puede “disponer su arresto provisional si existiere imputación en su contra”.

Según la Cámara, esa ley, decretada por la última dictadura militar, hace que los jóvenes ingresen al sistema penal “con menos garantías que los mayores de edad”. Además, la ley 26.061 de Protección de los Derechos de Niños y Adolescentes, que en noviembre de 2005 reemplazó al decreto de la dictadura, prohíbe la privación de libertad a chicos menores de 16 años.

La Cámara se pronunció sobre un recurso de hábeas corpus presentado en septiembre de 2006 por la Fundación Sur, en conjunto con el Cels, el Comité de los Derechos del Niño y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos, en favor de unos 65 chicos menores de 16 años que están privados de su libertad en el Instituto de Menores San Martín porteño, en el que se pidió su derivación a organismos de contención y asistencia del Estado. Una de las pruebas presentadas para sostener el hábeas corpus fue Privados de libertad, un estudio sobre jóvenes que no cumplieron los 21 años y que están recluidos por situaciones penales o asistenciales. La cifra ascendía a 20 mil chicos en esa condición en todo el país en 2005.

Sobre la base de esos elementos, el tribunal exhortó al Congreso a adecuar la legislación penal en el tema en el término de un año y “de acuerdo con la Constitución nacional y los pactos sobre Derechos Humanos” incorporados en la reforma constitucional de 1994.