Es posible que Fernando de la Rúa siga sumando procesamientos por casos de corrupción, pero por la represión que ordenó horas antes de subirse al helicóptero no tendrá cuentas pendientes con la Justicia. En la causa en la que se investiga la muerte de cinco manifestantes y las lesiones de más de 200, durante la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, el ex presidente goza de una falta de mérito. Quienes afrontarán un juicio oral por homicidio son Enrique Mathov y Rubén Santos, secretario de Seguridad y jefe de la Policía Federal, respectivamente, del gobierno de la Alianza. A cinco años de aquel levantamiento y su sangrienta respuesta, los tribunales orales federales preparan tres juicios a ocho policías, pero sólo uno de ellos está detenido. El desmembramiento inicial del expediente que hizo la jueza federal María Servini de Cubría profundizó los efectos nocivos del paso del tiempo en la investigación, a los que se suman los factores políticos, burocráticos y legales que produjeron este pobre resultado y la consecuente sensación de impunidad de los familiares de las víctimas y los sobrevivientes.

“Pasaron cinco años, pero en la causa es como si hubieran pasado tres semanas, las pruebas son las mismas, la reconstrucción no sirvió para nada, aunque ya había videos y testigos. Esperaba que el juicio fuera más pronto, pero ahora temo que en un año electoral se demore para que la gente no se acuerde que salió a combatir un modelo”, expresó a Página/12 Martín Galli, que sigue llevando bajo sus rastas una bala de aquella jornada.

El día después de la feroz represión –que sofocó la ira popular contra el agonizante gobierno con gases, caballos, balas de goma y de plomo– un grupo de diputados y de abogados de derechos humanos hicieron la denuncia que recayó en el juzgado de Servini de Cubría. La magistrada decidió dividir la causa para quedarse con la investigación de las responsabilidades políticas, delegando en los fiscales federales Luis Comparatore y Patricio Evers lo referido a los hechos puntuales.

Presidente ausente

Si el paso del tiempo hizo que apenas quedase un policía preso, no fue sólo por la gran dimensión de un caso con muchos imputados y querellantes, sino también porque algunos acusados se mostraron reticentes. De hecho, De la Rúa faltó tres veces a su declaración indagatoria. En principio la jueza sólo le preguntó por las lesiones que sufrieron las Madres de Plaza de Mayo cuando fueron atacadas por la policía montada y terminaron bajo las patas de los caballos. Tuvo que intervenir la Cámara Federal para que lo interrogara por los cinco asesinatos. En su declaración, el ex presidente sugirió que las muertes fueron parte de un operativo para desplazarlo del gobierno. “No vi televisión en todo el día ni tampoco me asomé al ventanal de Casa de Gobierno, estaba absorbido por la crisis institucional”, explicó en el tercer piso de los tribunales federales de Retiro. Y afirmó que la policía no respondía al “poder político”, sino a las órdenes de la jueza Servini, que lo miraba atónita.

Al parecer sus palabras fueron efectivas, porque la Cámara confirmó la falta de mérito que le dictó la magistrada en el entendimiento de que “no está probado que De la Rúa estuviera al tanto” de lo que pasaba en las calles, según recordó ante Página/12 una alta fuente judicial que conoce bien el megaexpediente. Entonces, si la policía no actuó bajo su mando lo hizo de manera autónoma, lo cual es aún más alarmante. Fiscales y querellantes explicaron en sus respectivas elevaciones a juicio que el ex presidente ordenó reprimir para obtener “aire” y así poder negociar con la oposición.

Más allá de una serie de recursos pendientes, es probable que esa falta de mérito se transforme en un sobreseimiento. Aunque resulta llamativo que Servini aún no lo haya resuelto, como tampoco lo hizo respecto de la decena de ex jefes de la Federal que están en la misma situación indefinida, es decir, vinculados con el caso sin procesamiento, entre ellos Jorge “El Fino” Palacios y Ernesto Weber.

Cuatro a juicio

Así como es casi un hecho que el ex presidente logrará evitar sentarse en el banquillo de los acusados, quienes fueron su secretario de Seguridad y su jefe de Policía Federal no pudieron zafar. El fallecido ministro del Interior Ramón Mestre no irá a juicio por razones obvias, pero los fiscales Comparatore y Evers ya pidieron la elevación a proceso oral y público de Mathov, Santos y los ex jefes policiales Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero por homicidio culposo en cinco oportunidades, lesiones culposas reiteradas en 116 oportunidades, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

La querella representada por el abogado Rodolfo Yanzón había solicitado que fueran acusados por homicidio doloso, es decir, intencional. “La decisión de haber desplegado un operativo de tales dimensiones recayó en el poder político, y la policía lo puso en práctica. Esa represión de carácter ilegal desató una cacería humana que produjo cinco muertes y la tentativa de dar muerte a cientos de personas con el único objetivo de dar oxígeno a un gobierno languideciente”, argumentó el letrado en su pedido. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), también parte de la querella, concordó con los fiscales en cuanto al carácter “culposo” de los delitos cometidos por los funcionarios. En un intento para evitar ir a juicio, Mathov recusó a Servini para separarla del caso, pero fracasó.

“El 19 anduve camuflado por la plaza y no me pasó nada. Lamento que el 20 no se pudo usar esa técnica”, dijo Santos en su indagatoria. Un rasgo común de las declaraciones de los funcionarios políticos es la mención de “excesos” cometidos por sus subordinados, en un intento de deslindar responsabilidades en ellos.

No hubo “excesos”

De los más de los 200 lesionados, ochenta fueron heridos con munición de guerra. La edad promedio de los muertos es 32 años y fueron baleados en el tórax, salvo uno que recibió un disparo en la cabeza. Los fiscales comprobaron la utilización de cartuchos rojos –es decir, con perdigones de plomo, en lugar de verdes con los de goma o “antitumulto”– en las escopetas Itaka que usó la policía durante la represión. Ellos también dividieron la investigación en tres partes: el asesinato de Alberto Márquez, de 57 años, que cayó en la avenida 9 de Julio, muy cerca del Obelisco, y donde fueron heridos Galli y Paula Simonetti, entre otros; el de Gustavo Benedetto, 23 años, repositor de supermercado, en Avenida de Mayo y Chacabuco, frente al banco HSBC, y los asesinatos de Carlos “Petete” Almirón (23, estudiante, militante y techista ocasional), Gastón Riva (31, motoquero) y Diego Lamagna (27, deportista), en Avenida de Mayo y 9 de Julio.

Por el caso de Márquez están procesados los policías Orlando Oliverio, Carlos López, Eugenio Figueroa y Roberto Juárez, todos de la división Asuntos Internos de la Federal. Y el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 prepara el juicio oral en el que serán juzgados por el homicidio de Márquez, que era trabajador de seguros y militante justicialista de San Martín. Estos uniformados estuvieron detenidos, pero salieron en libertad por la demora en la implementación del juicio.

El principal Víctor Belloni es el único policía detenido en la megacausa. En principio fue acusado por la muerte de Almirón, Lamagna y Riva, pero quedó con falta de mérito por esos hechos y enfrentará el juicio oral en el TOF 1 por la tentativa de homicidio de dos manifestantes, Marcelo Dorado y Sergio Sánchez. Fue identificado en fotos y videos disparando contra la multitud (ver foto). Ayer la Cámara Federal prorrogó su prisión preventiva y recalificó el hecho como “doble tentativa de homicidio agravado”, al considerar que era un “experimentado tirador” y el de más alto rango del escuadrón ubicado en aquella esquina.

El caso de Benedetto llegó a la Corte Suprema, que anuló el procesamiento del coronel retirado Jorge Varando por su homicidio. Este ex militar era jefe de seguridad del HSBC y disparó desde el interior del edificio junto a varios policías. Es el único que tiene fecha, en abril, para ir a juicio ante Norberto Oyarbide, pero por un delito menor: abuso de armas. “Tiren, no sean cagones”, fue la arenga elegida por Varando aquel día.

Esta dispersión podría resolverse si los tribunales orales que funcionan en Comodoro Py se ponen de acuerdo y unifican los procesos. Y más allá de la frustración en las expectativas de fiscales y querellantes, esas partes admiten que este es uno de los pocos procesos en los que se investigaron responsabilidades políticas, aunque hayan quedado demasiado diluidas.