Tras el levantamiento de diciembre de 2001 hubo 200 detenidos en todo el país, pero el decreto que firmó Fernando de la Rúa el jueves 19 sólo tenía 29 nombres. Los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers insistieron en varias oportunidades para acusar al ex presidente por abuso de autoridad, porque sostenían que ese decreto era desprolijo, vago y ambiguo en sus fundamentos y, por lo tanto, las detenciones habían sido arbitrarias. Pero no tuvieron acogida. La jueza María Servini de Cubría ni siquiera se expidió sobre el asunto. Ante ella, De la Rúa había asegurado que confiaban en el “efecto disuasivo” de la medida, que terminó generando todo lo contrario. En la causa, el ex secretario de Inteligencia Carlos Becerra y el ex jefe de Gabinete Christian Colombo expresaron que el estado de sitio había sido pedido por varios gobernadores.