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Sobre el final de su mandato, el presidente Eduardo Duhalde firmó un decreto que otorga a las provincias la posibilidad de contar con un canal de televisión de aire y una estación de radio AM propios y una FM para cada Municipalidad. El decreto 1214/2003, que modifica el artículo 11 de la Ley de Radiodifusión (22.285), provocó una fuerte polémica entre empresas privadas y el sector público. La medida fue criticada por la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y la Asociación de Telerradiodifusoras de la Argentina (ATA), que reclamaron su derogación inmediata al presidente electo Néstor Kirchner. Sin embargo, varios especialistas en derecho a la información y políticas de medios opinan que la medida –aunque muchos objetan la forma del decreto– tiende a ofrecer un mayor pluralismo en los canales del interior y a mejorar la libertad de expresión. Consultados por Página/12, Martín García (asesor de la Comisión de Comunicaciones de Diputados), Gustavo López (ex interventor del Comfer), Martín Becerra (director de Comunicación Social de la UNQ) y Carlos Fontán Balestra (presidente de ATA), se animaron a debatir a quién beneficia y a quién perjudica.
El panorama de medios en el interior difiere muy ostensiblemente del de la Capital Federal. Varias provincias ni siquiera tienen canales propios. Sólo siete ciudades tienen más de un canal de televisión y más del 50 por ciento de las licencias de televisión abierta en el país están en manos del sector privado. Hay canales estatales monopólicos a la fuerza. Y también hay medios privados monopólicos. En radio, muchos municipios ya cuentan con una FM, y hay provincias que tienen AM estatales. El decreto blanquearía una situación existente. ¿Cómo influye el decreto? La ecuación de los especialistas parece así: si ya hay un medio privado entonces se ofrece una opción más, si hay un canal público, no hay interés comercial.
Para los medios privados el decreto tiene falta de sensatez. “La calidad de la televisión argentina es un desastre, si encima peleamos con un sector sin límites de fondos estatales vamos a estar en problemas”, cree Carlos Fontán Balestra, presidente de ATA. Contra esa opinión, Martín García, asesor de Comisión de Comunicaciones de Diputados, está de acuerdo con la medida. “Cuando el sector privado habla de derechos ‘inmanentes’ se refiere al dinero.” Para el asesor, el decreto favorece la libertad de prensa. “No se puede creer que algunos medios privados sean guardianes de la libertad de prensa y las municipalidades no puedan serlo. El Estado puede ahogar, pero también lo hacen Microsoft o Warner. El Estado representa una mayoría”, opina García, quien fue jefe de Comunicaciones del ex candidato a presidente Adolfo Rodríguez Saá. “El sector privado no se puede arrogar zonas exclusivas. Cuando se votó la ley sobre Radio y Televisión Argentina (RTA), ¿para qué sirvió? El Ejecutivo la vetó. Aquí se discute entre poder político: voto popular y poder económico”, dice Martín García.
“No se metan con la industria televisiva”, contesta Fontán Balestra, de ATA, en conversación con este diario. Para Fontán Balestra, el Estado no debe malgastar en medios. “Bastante malgastan los privados, que pierden plata. Además, algunos medios nacionales están con Menem, o Kirchner, otros con Carrió. Hay pluralidad absoluta. No hace falta que salga otro a explicarnos qué pasa”, dice Fontán Balestra. La comisión interna de Canal 7 salió a repudiar “enérgicamente” los dichos de ATA, que asociaban a los canales públicos con la corrupción. “Tratan de confundir a la sociedad”, dijeron desde el Sindicato Argentino de Televisión.
Para Gustavo López, ex interventor del Comfer y actual funcionario del gobierno porteño, “los Estados provinciales tienen derecho a tener sus propios canales, pero debe hacerse en el marco de una ley. El método del decreto es aberrante”. López fue impulsor de una Ley de Radiodifusión que terminó el 2000 sin ser aprobada. En aquel momento denunció presiones de grandes grupos que lograron detener la ley. García opina en cambio que el decreto es una formalidad. Y acusa a quienes, dice, operaron en contra.”En el Congreso hay diputados como Jenefes, Gioja, Fontdevilla y Dumont que trabajaron para las corporaciones. La ley no va a salir nunca con ellos. Por eso una decisión del Ejecutivo es tan válida como la del Congreso. Este no es el Estado ausente de Cavallo y Menem. Es el Estado presente de Kirchner, de Carrió y de Rodríguez Saá”, embolsa García.
“La radiodifusión no se puede hacer por decreto”, opina Fontán Balestra. “El decreto fue interpretado como un ‘ataque’ a la radiodifusión por las corporaciones, sin embargo no calificaron como prebendarias anteriores disposiciones que modificaron la Ley de Radiodifusión”, opina Martín Becerra, de la Universidad de Quilmes. Muchos objetan la oportunidad del decreto, a cinco días del nuevo presidente. Pero otros se preguntan si la situación actual no atenta contra el derecho a la información.
Para López, responsable del área de Industrias Culturales de la Ciudad de Buenos Aires –cuya administración sueña con un canal propio–, “la ley se modificó tres veces y cada vez respondió a intereses de algún grupo. Pero no coincido con ARPA y con ATA en que el Estado deba ser subsidiario de los privados”. O como dice Becerra: “Más medios implica un mayor pluralismo, y es bueno que las corporaciones puedan comprenderlo”. Para la mayoría de los consultados existe un aspecto ausente: los medios comunitarios libres, las cooperativas, los sindicatos y otras empresas que no persiguen el afán de lucro y poseen –o quieren poseer– sus propios medios, no tienen aún marco legal para operar.