En la actualidad los medios de radiodifusión se nos han vuelto cotidianos, domésticos, imprescindibles. De modo que tenemos algo más que pistas para sostener la centralidad de la comunicación masiva en la conformación de las identidades contemporáneas, en la difusión de valores, creencias, estilos de vida. Con un promedio de expectación de algo más de cuatro horas diarias y un porcentaje de penetración superior al 90 por ciento, la televisión forma sin duda parte de nuestras vidas y otro tanto ocurre con la radio. El repertorio de experiencias que compartimos cotidianamente está altamente compuesto de símbolos que han viajado por el espectro, difundiéndose y llegando a millones, por no hablar de nuestros consumos crecientes de telefonía e informática.

De modo que no parece alocado preguntarse si este cambio que impacta en las relaciones humanas, crecientemente mediatizadas, no debiera ser revalorizado no sólo en términos de sus incumbencias en el plano de las subjetividades, sino necesariamente en la órbita de las políticas de Estado que habilitan o restringen el desarrollo de las comunicaciones audiovisuales y electrónicas en nuestras sociedades.

Mucho se ha escrito en los últimos meses acerca de las transformaciones que urgen en el plexo normativo que regula la radiodifusión en la actualidad: aquella ley vetusta, autoritaria y centralista, zurcida en base a prebendas en los ’90 y más tarde remendada con míseras concesiones al sector comunitario y al sector público debe ser sustituida de inmediato. Veinticinco años de democracia lo vuelven imperativo.

Con todo, las leyes no son suficientes para producir transformaciones culturales. Necesitan sostenerse en políticas públicas que se extiendan más allá de las gestiones gubernamentales. Y esto es así, entre otras cosas, porque estamos hablando de cómo se administra un bien social, un patrimonio común, un recurso limitado para que nadie se quede afuera. Si se tratase del agua, la energía eléctrica o el transporte, no sería difícil de explicar que todos tenemos derecho a un acceso justo y equitativo a ellos en tanto servicios públicos. Pero cuando hablamos de radiodifusión, los argumentos no están claramente delineados para el conjunto social, puesto que no existe una “conciencia colectiva” acerca de que el espectro radioeléctrico es de todos y debe ser utilizado conforme a criterios de equidad en el acceso, pluralismo de ideas y participación de los diferentes sectores.

No es “natural” que los medios sean explotados en pos de la obtención de lucro. Como tampoco lo es que el sector público tenga un desarrollo subsidiario y, menos aún, que el sector comunitario haya debido constituirse desde la ilegalidad hasta hace pocos años. El sistema de radiodifusión que se ha consolidado en nuestro país desde los orígenes de la radio y la TV fue en esa dirección, porque existieron leyes y políticas que así lo habilitaron.

En los casi 90 años de historia que tiene la radiodifusión en Argentina, no se han sabido imaginar a estos medios como servicios públicos. Hacerlo implica en primer lugar un acto creativo: no hay país en el mundo que haya mudado de la radiodifusión de interés público a la radiodifusión como servicio público; esto requiere de construcciones colectivas, debates, aprendizajes, discusión, para entender el porqué e imaginar el cómo. Son necesarios asimismo el consenso social respecto de la comunicación y la información como componentes sustantivos de nuestras sociedades y la voluntad política para gestar el cambio, puesto que sectores históricamente consolidados deberán resignar posiciones.

Existe sin duda una articulación medular entre la constitución de la subjetividad y los escenarios públicos desde los que se imagina una sociedad, las influencias son múltiples e intrincadas. Las mediaciones culturales que habilitan los medios de radiodifusión, en término de saberes, símbolos, historias, estilos, creencias, no deberían quedar exclusivamente en las manos invisibles del mercado, que naturalmente tenderá a la maximización de sus beneficios antes que al bienestar social. Tampoco se trata de crear corporaciones públicas de gestión de medios al estilo europeo. Es necesario, en todo caso, idear ecosistemas diversos y equilibrados donde el sector público no gubernamental, las organizaciones sociales, las empresas y los tres poderes del gobierno tengan lugares claramente diferenciados y escala para llegar al conjunto social. Hacia allí debería orientarse la discusión sobre la radiodifusión como servicio público.

* Docente e investigadora. Escuela de Ciencias de la Información, Universidad Nacional de Córdoba.