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Encandilados por el avance ya entonces vertiginoso de las tecnologías de la información y de la comunicación, hace más de cincuenta años los teóricos y los técnicos comenzaron a plantear, con diversas perspectivas, que la comunicación es imprescindible e insustituible en los procesos de desarrollo. Desde aquel momento hasta nuestros días se multiplicaron tanto los enfoques teóricos como las experiencias. Algunas más instrumentales y difusionistas, basadas en el uso de las herramientas, y otras más conceptuales y políticas, apoyadas en los modelos de sociedad que están en la base de diferentes perspectivas sobre el desarrollo y acerca del enfoque comunicacional que corresponde a cada una de estas miradas. Desde entonces hasta ahora corrió mucha agua bajo el puente. Casi todo se experimentó: la comunicación para la salud, las tecnologías de comunicación para la educación, información para la toma de decisiones, el marketing comunicacional, la comunicación (bien y mal llamada) estratégica. Y podría seguirse con denominaciones, títulos y ejemplos. Al amparo de la ola neoliberal aparecieron también los vendedores de “espejitos” que prometieron solucionar cualquier tipo de problemas o dificultades, sin importar de qué índole, con supuestas respuestas comunicacionales. Así planteado, todo podría leerse como comunicación y todo debería tener una solución comunicacional, desde un problema de relaciones de pareja hasta una decisión de política pública.

Pero al margen de estos avatares de las experiencias y de los debates resulta cada día más evidente que es impensable desarrollar políticas públicas sin acudir al aporte de la comunicación. Sin pretender agotar el tema en estas pocas líneas, ¿qué puede aportar la comunicación a la construcción de políticas públicas? En primer lugar información sobre los derechos básicos ciudadanos y acceso a las fuentes que garantizan su efectiva puesta en marcha. Sin perspectiva de derechos, sin que los ciudadanos conozcan en profundidad qué les corresponde por el solo hecho de su condición ciudadana, cualquier política pública puede verse gravemente restringida a las experiencias, opiniones y, eventualmente, a los intereses de los gestores y administradores públicos. La información sobre derechos permite un ejercicio activo de la ciudadanía y, también, la demanda en función de lo que a cada uno y cada una le corresponde en justicia.

Se puede entender la política pública como una estrategia destinada a la construcción del bienestar colectivo en un determinado campo. Las nuevas experiencias de participación que fueron asomando a la luz de la crisis de la política entendida solamente como partidocracia ponen en evidencia que tales políticas públicas requieren de la comunicación, y más particularmente la comunicación pública comprendida fundamentalmente como “poner en común”. El proceso de construcción de políticas públicas no puede limitarse a los despachos oficiales, a las prioridades decididas exclusivamente por los administradores públicos o por los técnicos o especialistas, muchos de los cuales se ufanan de su pretendida asepsia política. Una política pública democrática, independientemente del área (salud, educación, seguridad, etc.), debería responder por lo menos a cuatro criterios fundamentales. Ser multiactoral: mediante la convocatoria a la mayor cantidad posible (y sin exclusiones de ningún tipo) de actores sociales conocedores y comprometidos con el tema específico. Multisectorial: incorporando en el proceso de diseño y toma de resoluciones a todos los sectores económicos, productivos, sociales, culturales, académicos y políticos. Teniendo como única restricción la determinación expresa de cada uno de ellos de aportar al bien común, no para dejar sus propios intereses de lado, pero sin pretender que el único propósito sea el beneficio propio. Plural y diversa: incluye una convocatoria abierta y disposición a aceptar las diferentes miradas que también permitan congregar en la diferencia los distintos intereses en juego para avanzar hacia los consensos posibles. Por último: cultural y políticamente significativa para la vida cotidiana y la calidad de vida de los ciudadanos.

Todos estos componentes requieren de estrategias de comunicación. Porque, en definitiva, las políticas públicas también deberían entenderse como un proceso de concertación social que es imposible al margen de la comunicación y sus estrategias.