Cinco de los dieciséis policías que fueron desafectados del servicio activo por su participación en los sucesos del jueves pasado en José León Suárez fueron citados a prestar declaración testimonial por la fiscalía de San Martín a cargo de la investigación. Se trata de los uniformados que, de acuerdo con la información reunida en el expediente, sólo dispararon con postas de goma. Una fuente allegada al caso le explicó a Página/12 que entre los citados no figura –por ahora– el primero de los policías que fue separado de la fuerza, luego de que admitiera que ese día usó perdigones de plomo. Los fiscales tienen probado que los dos chicos fallecidos, Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Arce Ramos, de 17, murieron por las heridas que le produjeron postas de plomo disparadas con escopetas 12.70, de uso habitual entre los policías bonaerenses. Por otra parte, los fiscales le tomaron declaración, en el hospital donde sigue internado, a Joaquín Romero, de 19, el joven que resultó herido durante los sucesos. Romero aseguró que fue atacado a balazos “por la policía”, a la vez que admitió que algunos civiles, a los que señaló como “transas” (narcos) del barrio, “hicieron disparos contra los policías”.

Lo que buscan los fiscales, con la citación de los cinco policías, es ampliar el panorama que tienen sobre cómo se desarrollaron los hechos, el jueves pasado, a partir del descarrilamiento de un tren de la empresa Nuevo Central Argentino (NCA). Los fiscales piensan citar, como testigos, sólo a los policías que ese día dispararon con postas de goma. Los otros once siguen en la mira de la Justicia porque, si usaron balas “de guerra” (plomo), podrían estar involucrados en el delito de doble homicidio e intento de homicidio del tercer joven.

Por lo tanto, no podrían ser citados como testigos, cuando tienen obligación legal de decir verdad, si después pueden llegar a estar entre los que tengan que prestar declaración indagatoria como imputados, situación en la cual –por ley– no están obligados a hacer ninguna manifestación que pueda ser usada en su contra. Si bien todavía resta realizar pericias balísticas para determinar de qué arma salieron las balas que mataron a Arce Ramos y a Almirón, además de herir de gravedad a Romero, está probado que los dos chicos fallecidos tenían en el cuerpo perdigones de escopeta 12.70, similares a las que usa la policía.

Uno de los chicos tiene ocho heridas de bala, aunque bien podría ser, según fuentes consultadas por este diario, que se tratara “de un solo disparo hecho con cartuchos de plomo de una escopeta 12.70. Hay que tener en cuenta que cada una de esas postas de plomo puede producir una herida similar a la que produce la bala de una pistola 9 milímetros”. Los fiscales están tratando de determinar cuál fue el grado de la agresión –con armas de fuego– que habrían sufrido los policías y cuál fue el grado que alcanzó la represión, teniendo en cuenta que las tres víctimas no tenían armas y tampoco participaron del supuesto intento de robo al tren. La empresa NCA y el ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Ricardo Casal, aseguran que hubo un “plan organizado por una banda” para hacer descarrilar el tren y robar las mercaderías que había en los containers. La versión no ha sido confirmada por los fiscales y las primeras informaciones indicarían que no se trató de un hecho intencional sino de un accidente. En cuanto al supuesto robo, la fiscalía adelantó que en el único container que fue abierto había elementos de escaso valor.

María Juana, abuela de Mauricio Arce Ramos, uno de los chicos asesinados, se reunió ayer –junto con otros familiares de víctimas– con el jefe de la Policía Bonaerense, Juan Carlos Paggi; con el subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales de la provincia, César Albarracín, y con el titular del Centro de Protección de los Derechos de las Víctimas, Alberto Palacio.

“Ellos me dijeron que los dieciséis policías que tiraron ya fueron echados de la fuerza, pero eso no garantiza nada. Nosotros queremos que estén presos porque asesinaron a mi nieto y al otro chico. Queremos que haya justicia y que cuiden de la policía a los otros chicos del barrio, que siempre son reprimidos y golpeados cuando van a trabajar al Ceamse”, dijo la mujer, en alusión al basurero donde van a buscar cartones y otros elementos con cuya venta posterior pueden reunir dinero para sobrevivir.

“Acá todos los pibes son reprimidos por la policía, por los mismos que están en esa madriguera”, en alusión a la comisaría cuarta de José León Suárez, denunció María Juana, quien propuso una solución para que nunca más haya problemas con los trenes de carga que pasan cerca del barrio De la Cárcova, en José León Suárez. “Le propusimos que cierren el paso a las vías con alambrados o con un muro y que construyan un puente para que la gente pueda pasar para el otro lado, sin necesidad de cruzar las vías”.

La abuela de una de las víctimas explicó que Paggi y los funcionarios del gobierno bonaerense “dijeron que sí, que están de acuerdo, pero siempre hacen las mismas promesas y después no cumplen con nada”. Noemí Gallardo, tía del chico Joaquín Romero, aseguró que su sobrino “sigue internado y con respirador artificial, aunque ayer estuvo hablando, es un pibe trabajador que el jueves iba a cartonear para ayudar a darles de comer a sus cinco hermanitos. Mi sobrino no es un chorro y la policía lo atacó como si fuera un perro. Le pegaron tres tiros por la espalda. Además de sus hermanos, él tiene pareja y la chica está embarazada”.

Noemí Gallardo tuvo una fuerte intervención, luego del acto en el cual quedó inaugurado el monolito que recuerda a los dos chicos asesinados. “Está muy bien que los políticos vengan a apoyarnos en ese momento, pero está mucho mejor que se dejen de hacer promesas y que tomen medidas urgentes porque a nuestros chicos los siguen matando. Acá la única salida que tienen los jóvenes es ir a cartonear al Ceamse. Lo que necesitan los chicos es trabajo. Basta de falsas promesas.” Todos los políticos presentes asintieron con la cabeza y aplaudieron las palabras de Noemí.

Otro que estaba muy dolorido, y enojado, era Juan Ramos, el abuelo de Mauricio: “Los diarios andan diciendo que fue una banda la que hizo descarrilar al tren, pero es mentira. Acá la que hizo el desastre fue la policía, que disparó contra los chicos desde la vía. Todos los vimos disparar, todos vimos cómo cayeron los chicos. Acá hay que hacer justicia, porque esto fue una masacre”. De la marcha participó Elena Carranza, que estaba por cumplir 12 años cuando asesinaron a su padre, Nicolás Carranza, el 9 de junio de 1956, en los basurales de José León Suárez. “El de ahora fue un fusilamiento igual al que denunció Rodolfo Walsh” en el libro Operación Masacre, le comentó Elena a este diario.