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En los últimos años desde ciudades como Munich o países como India o China, comenzaron a rechazar el uso de sistemas operativos y otras herramientas informáticas sobre las que no tenían control. Las razones eran, sobre todo, de seguridad: sistemas como Windows no revelan su código, es decir, cómo funcionan, y resulta casi imposible saber qué hacen realmente con la información que uno ingresa en ellos. Lo mismo puede decirse de otras herramientas, sobre todo las que se basan en “la nube”, ese lugar supuestamente “etéreo” pero que es, simplemente, la computadora de otra persona. Medidas de seguridad básicas o de simple sentido común indican que la información estatal es sensible y, por lo tanto, debe circular por canales propios, seguros y evitar herramientas privadas cuyo circuito no se controla. Existen normativas en ese sentido aunque, cabe reconocerlo, no pocos trabajadores del Estado, sin medir consecuencias, utilizan herramientas privadas por razones prácticas.

Las medidas de seguridad para información del Estado (o de cualquiera que se desee proteger) se tornaron aún más urgentes a partir de las revelaciones del exagente de la National Security Agency (NSA), Edward Snowden. Gracias a los documentos filtrados por él, quedó claro que a las empresas más importantes –desde Yahoo! a Gmail, pasando por empresas telefónicas como Verizon o AT&T– la NSA les había exigido información sobre sus usuarios. Facebook en particular reveló en su primer informe de transparencia, de junio de 2013, los pedidos de los gobiernos en ese sentido: mientras países como la Argentina habían realizado 152 reclamos o Inglaterra 1975, los EE.UU. habían hecho entre “11.000 y 12.000” pedidos. Más abajo aclaraba que la imprecisión contrastante de los números estadounidenses respecto de los demás, se debía a que habían publicado el “máximo permitido por la ley”. Los pedidos, para peor, no necesitan siquiera pasar por el filtro de un juez y no pueden ser revelados por las empresas bajo riesgo de sufrir serias represalias legales e incluso ser acusados de colaborar con el terrorismo. Empresas como Lavabit, que brindaba un servicio inviolable de correo electrónico, decidió cerrar su sitio porque el gobierno de los EE.UU. le exigía acceso a los correos que ofrecía como seguros e inviolables.

Es en este contexto que el presidente Mauricio Macri se reunió durante su visita a Davos con la segunda de Facebook, Sheryl Sandberg, a quien le planteó su deseo de usar Facebook at Work, una red social exclusiva para empresas lanzada recientemente y que permite una comunicación horizontal entre trabajadores “segura, confidencial y separada de sus perfiles personales de Facebook”. Quienes la promocionan indican que su objetivo es generar diálogos, armar reuniones, intercambiar información y compartir archivos a través de herramientas de Office en la nube, tanto desde las computadoras como desde celulares entre otras cosas. No se conocen detalles, pero la primera en utilizarla sería la Secretaría de Gestión e Innovación Pública dependiente del Ministerio de Modernización. El servicio es gratuito, aunque la idea es que sea pago en el futuro. Facebook, por su parte, basa su modelo de negocios justamente en captar la información sobre intereses de sus miembros quienes también producen los contenidos que mantienen el flujo de usuarios. Esos datos les permiten ofrecer publicidades específicas y comer parte de la torta publicitaria de todos los países. Facebook ha sido muy innovador para captar nuevos miembros y ha llegado a más 1500 millones de visitantes activos por mes. Facebook at Work va en ese mismo sentido.

Hace unos meses, durante el Foro de Cultura Digital, organizado por el Ministerio de Cultura, se discutió por teleconferencia con el director de Wikileaks, Julian Assange, la importancia de tener satélites, servidores y cables de fibra propios en los países de América latina para avanzar en soberanía digital y evitar ser monitoreados. La soberanía digital, al igual que la política, la financiera, la alimentaria o tantas otras, son fundamentales para que cada pueblo pueda decidir su destino sin ser permanentemente condicionado desde poderes externos. Que el Estado argentino haga circular su agenda, sus temas prioritarios, datos estadísticos, temas a discutir, proyectos de inversión o decisiones, por datacenters del país del norte, sería, además de peligroso, un monumental paso atrás en ese sentido.

* Periodista, autor de Tensión en la Red.