Página/12 En Brasil

Desde Brasilia

Los conjurados. Jueces, policías y medios se aliaron para asestar un “golpe” al que habrá que oponer una “resistencia democrática” aseguró ayer la presidenta Dilma Rousseff. Están decididos a “cruzar la frontera que separa al Estado de Derecho del Estado de Excepción, sea éste una dictadura militar, un régimen policial o autoritarismo disfrazado”.

“Se puede describir a un golpe de Estado con muchos nombres pero éste siempre será lo que es: la encarnación de la cultura de la ilegalidad, un atentado a la democracia, no importa si el arma del golpe es un fusil, la venganza o la voluntad de algunos de llegar rápido al poder” lanzó Dilma desde lo que parecer ser su última trinchera, el Palacio del Planalto, sitiado cotidianamente por manifestantes blancos, que en su mareo ideológico mezclan cánticos contra la corrupción, el comunismo petista y la política.

Una parte de los inconformes deploran la Bolsa Familia (subsidio para 50 millones de pobres), exaltan a la dictadura y demandan un gobierno de mano dura. Y todos exigen la caída de Dilma, la prisión de Lula e idolatran al juez Sergio Moro, en quien ven al conductor del plan sedicioso implementado a fuerza de violar la ley.

El 4 de marzo cuando las movilizaciones destituyentes parecían languidecer fue Moro el que reavivó la crisis enviando policías al departamento de Lula para trasladarlo coercitivamente hasta un aeropuerto donde fue interrogado, todo transmitido en vivo por Globo y demás cadenas televisivas que alteraron sus programaciones habituales.

Doce días después de aquel abuso de poder (y presunto intento de apresar a Lula frustrado por la repulsa popular) Moro pinchó ilegalmente una conversación entre Dilma y el ex presidente, cuya grabación envió a los canales que propalaron ese diálogo, superpuesto con otros también grabados por la policía y editados de manera tramposa para exaltar el odio de miles de opositores que esa noche intentaron tomar por asalto la sede del gobierno en Brasilia.

Ayer Dilma consideró a Moro como una amenaza a la estabilidad institucional. “Un administrador de justicia no puede tener como meta usar su cargo para atacar a sus adversarios, eso es más que un crimen. Un administrador de justicia no puede abdicar de la imparcialidad, no puede transformarse en militante partidario”. Recientemente, Moro fue la figura estelar de una conferencia organizada por el candidato a intendente de San Pablo del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).

Las críticas de la presidenta, que no citó a nadie directamente, le caben también al ministro del Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, desembozadamente próximo al mayor partido golpista PSDB. Un par de días antes de suspender a Lula como ministro del gabinete de Rousseff (ver recuadro), ese miembro de la Corte se reunió con uno de los caciques socialdemócratas: José Serra. El partidismo de Mendes es explícito. El próximo 31 de marzo, aniversario del golpe de Estado de 1964, concluirá un seminario organizado por ese ministro en el que participarán tres dirigentes golpistas: José Serra, el ex candidato presidencial Aécio Neves y el vicepresidente Michel Temer, que desde hace meses se postuló a sucesor de Dilma en caso de que prospere el impeachment (juicio político). En otro tramo de su alocución Dilma denunció ayer la afinidad entre el juez de primera instancia Moro y las empresas periodísticas que recibieron de él horas de registros sonoros. “La Justicia brasileña se debilita cuando son grabados diálogos de la presidenta sin la imprescindible autorización del Supremo Tribunal Federal, grabados y divulgados en violación de la seguridad nacional. La Justicia se debilita cuando son divulgadas por fuera de la ley grabaciones que afectan la imagen de personas e invaden la intimidad.”

Luego de esa alusión al conchavo desestabilizador del juez con la prensa opositora, el público cantó “El pueblo no es bobo, abajo la red Globo”.

El salón del Palacio del Planalto estaba colmado de juristas y abogados que manifestaron su apoyo a la continuidad institucional.

El profesor de Derecho Pedro Serrano, de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo expresó su preocupación no sólo ante los atropellos de los jueces, sino la consolidación de la Policía Federal como un estado dentro del estado. Al punto de que los sindicatos de comisarios presionan al Congreso por una ley que les otorgue completa autonomía del gobierno.

“Brasil se está transformando en un estado policial, esto es muy peligroso, esto está deteriorando nuestra democracia y generando un déficit civilizatorio en el país.”

Resistencia pacífica

Desde el entorno de la presidenta afirman su disposición a plantar cara a la conspiración igual que lo hizo a principio de los años 60 el líder nacionalista Lionel Brizola, organizando la Campaña de la Legalidad para garantizar la toma de posesión del nuevo presidente Joao Goulart, quien finalmente sería depuesto por los militares el 31 de marzo de 1964.

Brizola, por entonces gobernador del estado de Rio Grande do Sul, organizó milicias y montó un pequeño estudio de radio en el subsuelo del palacio Piratini desde donde se transmitían por cadena provincial sus pronunciamientos vibrantes contra los “milicos”.

“Siempre tuve un inmenso respeto y admiración por Lionel Brizola”, dijo Dilma. “Fue un protagonista especial en la lucha por la legalidad, pero jamás imaginé que en algún momento de la historia tendríamos que movilizar a la sociedad en torno de nueva campaña legalidad como lo estamos haciendo hoy.”

“Esta conjura contra la democracia” ataca desde varios frentes, que actúan sincronizadamente, para acabar con el proyecto político que priorizó la inclusión y el crecimiento, denunció la presidenta que una vez más prometió no renunciar.

El clima que se observaba ayer en la sede del gobierno era de indignación y predisposición a contener las arremetidas golpistas, cada vez más voraces. Lo que está en disputa es más que un gobierno, es un régimen político.