El secretario de la Presidencia del Uruguay, Dr. Alberto Breccia, a quien no tengo el disgusto de conocer, acaba de referirse a la denuncia que mi nieta Macarena y yo presentamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de la incapacidad manifiesta del Estado uruguayo de realizar una investigación profunda sobre el destino de mi nuera María Claudia, y madre de Macarena, asesinada por la dictadura uruguaya. El Dr. Breccia es abogado y parece ignorar o finge que ignora cuál es el sentido del litigio. Su anuncio de que sería inconstitucional la anulación de la Ley de Caducidad, que ha impedido despejar esa incógnita, se contradice con la aprobación de la Cámara de Representantes del Uruguay, con el voto de la mayoría oficialista, de un proyecto de ley que interpreta y hace cesar los efectos de dicha ley. Tal vez el presidente Mujica pueda aclarar a la opinión pública internacional el alcance de esta contradicción en el seno de su gobierno y de su fuerza política.