Los vecinos de Villa Pueyrredón lograron en mayo la aprobación de una ley que limita la altura de las nuevas construcciones en el barrio, pero el fantasma de las torres sigue vigente. Es que aún están pendientes de resolución trece pedidos de permiso de obra para construir edificios de diez pisos de altura. Esas solicitudes habían sido hechas antes de la sanción de la ley y, si bien los inversionistas no hicieron otro gasto que la compra del terreno, en distintas áreas del gobierno porteño ya hablan de “derechos adquiridos”. Los vecinos aseguran que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, les había prometido que en el barrio no se otorgarían nuevos permisos de obra. Pero como los permisos no fueron denegados, después de tanto tiempo, temen que esa palabra no se cumpla.

“Cuando hay daño ambiental no hay derecho adquirido que valga”, advierte a Página/12 Abel De Grande, uno de los vecinos de Villa Pueyrredón perjudicados por la proliferación de edificios de altura: su casa quedó justo al lado de una torre y uno de los nuevos permisos solicitados es para el terreno que da a la otra medianera. “Si se aprueba, mi casa quedaría encajonada entre dos edificios”, afirmó.

La zona afectada tiene como eje a la calle Salvador María del Carril, una arteria que hasta hace poco se caracterizaba por un perfil de casas bajas, en un barrio donde abundan los pasajes. Los vecinos iniciaron la protesta el año pasado, cuando vieron que el auge de la construcción y los negocios inmobiliarios habían llegado hasta el barrio, con la construcción de unos treinta nuevos edificios de altura.

Los vecinos recurrieron primero a la Justicia. Después de obtener una respuesta negativa a un recurso de amparo, lograron un fallo favorable a una presentación que encabezaron los diputados Rocío Sánchez Andía, Eduardo Epzsteyn, Juan Cabandié y Adrián Camps. El fallo de la jueza Andrea Danas, del 27 de abril de este año, ordenó “la suspensión del otorgamiento de permisos de obras nuevas”. De acuerdo con esa sentencia, el Gobierno de la Ciudad no debería autorizar ninguno de los pedidos realizados.

Días después, el 13 de mayo, la Legislatura aprobó por unanimidad una ley que limita a 12 metros la altura máxima de las nuevas construcciones sobre Del Carril, desde Campana hasta Constituyentes, y sobre La Pampa, hasta Burela. Se trata de la ley 3447, publicada en el Boletín Oficial en junio. Cinco meses después, las trece solicitudes de permisos presentados antes de la sanción de la ley siguen pendientes de resolución.

Ante una consulta de Página/12, en el Ministerio de Planificación y Desarrollo Urbano porteño –donde la Dirección de Registro de Obras y Catastro debe decidir si se autorizan o no las construcciones– explicaron que “los trece expedientes fueron girados en consulta a la Procuración General para definir un criterio”. Pero tanto en ese ministerio como en la Procuración, los vecinos escucharon hablar de los supuestos “derechos adquiridos” de los inversores que iniciaron sus trámites antes de la sanción de la ley, aunque hasta ahora no hayan comprado ni un ladrillo. De los trece trámites, sólo uno fue iniciado este año, otro comenzó en 2007 y los once restantes corresponden al año 2009.

“Sabemos que este estado de indefinición puede durar años y que, tal como ocurre actualmente en Caballito, después de más de dos años de promulgada una ley, comienza la construcción de nuevos edificios burlando la lucha vecinal y la voluntad expresada por la Legislatura”, manifestaron los vecinos a través de un comunicado.

El 18 de octubre último los vecinos de Salvemos al Barrio le presentaron al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, una nota en la que solicitan que “arbitre las medidas necesarias para que las nuevas construcciones se adecuen a la nueva zonificación, dispuesta por la ley 3447”.

“Que se edifiquen torres en una zona en la que han sido prohibidas repetiría los mismos perjuicios y reclamos por los que hemos gestionado todo este tiempo”, expresa el petitorio que los vecinos le entregaron a Macri.

“No estamos en contra de las construcciones –concluye De Grande–, pero queremos que se respete nuestro derecho a una vida digna.”