Martes, 25 de marzo de 2008 | Hoy
SOCIEDAD › A 15 MINUTOS DEL OBELISCO, UNAS 450 FAMILIAS EN CONDICIONES INFRAHUMANAS
La Defensoría del Pueblo porteño le pidió al Gobierno de la Ciudad que atendiera la precaria situación de los habitantes del asentamiento de la estación Federico Lacroze. La mayoría carece de agua potable, cloacas y luz eléctrica y proliferan las enfermedades infecciosas.
Por Eduardo Videla
En el Playón de Chacarita viven 450 familias. Se trata de un asentamiento ubicado junto a las vías del ferrocarril, a la altura de la estación Federico Lacroze, a 15 minutos del Obelisco. Existe desde hace treinta años, pero tuvo un crecimiento explosivo en los últimos cinco. La Defensoría del Pueblo porteño acaba de dar a conocer un informe donde advierte sobre la gravedad de la situación en que viven esos vecinos: sin agua potable ni cloacas, en ocasiones sin luz eléctrica y mucho menos gas natural, carencias que ponen en riesgo la salud de quienes allí habitan. El organismo le reclamó al gobierno porteño que “intervenga de modo inmediato para garantizar los derechos básicos” de los pobladores de ese barrio.
El asentamiento Playón de Chacarita está ubicado en dos hectáreas, en la playa de maniobras del ex Ferrocarril Urquiza, detrás de la Estación Federico Lacroze, entre las calles Céspedes, Fraga y Teodoro García. El terreno pertenece al Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe), dependiente del Estado nacional.
La Defensoría del Pueblo hizo allí una “actuación de oficio” con el fin de “evaluar las condiciones de habitabilidad y de emergencia sanitaria” de sus habitantes. De esa manera, sus operadores lograron constatar “la carencia total de infraestructura básica, así como la extrema emergencia y vulnerabilidad social a la que se encuentran expuestos todos los grupos familiares alojados en ese asentamiento”, según el informe del organismo.
La evaluación concluye con una recomendación al presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad, Roberto Apelbaum, y al ministro de Desarrollo Social, Esteban Bullrich, para que adopten medidas para “garantizarles a los pobladores del asentamiento el acceso a condiciones de habitabilidad que les garanticen una existencia digna, en un predio adecuado” y asegurarles “una prestación idónea de los servicios fundamentales”.
“Pese a que el Estado local ha tomado conocimiento de esta problemática, no ha diseñado hasta el momento una solución habitacional ni arbitrado medidas para garantizar condiciones de vida digna y un hábitat seguro para los habitantes”, sostiene el informe que firma la defensora porteña, Alicia Pierini.
De acuerdo con el relevamiento realizado por los técnicos de la Defensoría, en enero último se detectaron, entre otras falencias:
- Falta de agua potable. Sólo un sector menor tiene provisión a través de cañerías. El resto debe ir a buscar agua en baldes a canillas exteriores. En ocasiones falta suministro a todo el barrio, por un problema que la empresa AySA atribuye a la “falta de presión”. Las obras necesarias para dar una solución ni siquiera están previstas.
- Un único sector cuenta con cloacas, mientras que en el resto algunas viviendas desagotan sus desechos en caños semienterrados que van a una cámara, y otras tienen pozo ciego o un hoyo en la tierra. “La cámara rebalsa sistemáticamente, inundando las viviendas más cercanas. Los desbordes son más grave en los días de lluvia: las aguas servidas se derraman por todo el asentamiento.” Se desconoce el destino final de esos vertidos.
- La instalación eléctrica está compuesta por cables sueltos y conexiones precarias. La mayoría de los habitantes no tiene medidor y debe conectar su línea a los que sí lo tienen, colapsando las instalaciones. Edenor no instala nuevos medidores, dicen los vecinos, porque no tienen escritura del inmueble donde viven.
- Sólo el 2 por ciento tiene cobertura médica, pero porque son discapacitados. Una investigación epidemiológica realizada en 2005 indica que los habitantes del barrio presentan “un alto riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas y de transmisión sexual”.
Según el informe, más de la mitad de la población se dedica a la recuperación de cartones, plásticos y otros materiales: el resto hace changas. En febrero de 2006 se construyó en medio del asentamiento una capilla y el párroco ofreció un lugar para una salita. El lugar se convirtió en un anexo del Centro de Salud 33. Los profesionales de ese centro hicieron un estudio con resultados demoledores: “La falta de agua segura para el consumo humano y de desagües cloacales, sumado a la gran proliferación de roedores y otros vectores, contribuyen a que la mayoría de la población sufra afecciones como micosis, dermatitis, pediculosis, enfermedades respiratorias (bronquitis espasmódicas, asma), digestivas (diarreas, enterocolitis) e infectocontagiosas, como tuberculosis, sífilis y hepatitis”.
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