En el máximo nivel del Gobierno hay un enojo creciente con los productores agropecuarios, porque ven que cada día el corte de rutas es más agresivo e incluso con algunos episodios de violencia hacia repartidores de carne y transportistas que querían pasar con sus granos por caminos donde hay piquetes. Y además están oliendo un trasfondo político que, dicen, pareciera exceder lo que pudo haber sido una protesta por un recorte en las ganancias de los ruralistas con el aumento de las retenciones. “Cuando presentamos el nuevo esquema de retenciones móviles (el 11 de marzo pasado), los exportadores de soja pasaron a tributar un 44 por ciento, pero ahora el precio de la soja bajó y la retención es del 40 por ciento”, explicaba ayer con fastidio un funcionario a Página/12.

De todos modos, la efervescencia que está tomando la medida de fuerza conjunta de las cuatro entidades que aglutinan a los productores, hace que el Gobierno también se replantee los costos políticos. Aunque saben que las encuestas indican que la mayor parte de la sociedad está en contra del lockout del campo, tampoco le convence que se prolongue en el tiempo. Por eso, en las últimas horas algunos ministros comenzaron a atender las llamadas telefónicas de los productores, que hasta el viernes morían en las casillas de los contestadores automáticos. De todas maneras, el mensaje sigue siendo firme: “Levanten el lockout y hablamos”.

¿Qué puede implicar ese “hablamos”? Según las mismas fuentes, estudiar alternativas que compensen a los productores por las retenciones, o aliviar las propias retenciones. Eso no quiere decir que pueda ponerse en discusión la política de retenciones, pero sí, por ejemplo, un tope a la movilidad actual que está atada al precio de los granos y oleaginosas. Un tope podría ser del 50 por ciento en la retención del valor de la exportación de soja, que con el nuevo esquema no tiene límite. Hoy, para retener el 50 por ciento, la tonelada de soja tendría que superar los 600 dólares. Otras medidas que el Gobierno podría ofrecer son beneficios para los que fertilicen sus campos, compensación de gastos de fletes para quienes tengan sus campos lejos de los puertos y una serie de ayudas para los pequeños productores. Todo esto podría formar parte de una propuesta oficial, siempre y cuando, claro está, las cuatro entidades agropecuarias levanten el lockout.

De lo contrario, el Gobierno va a redoblar la apuesta, mantenerse en el esquema actual y apelar a todas las herramientas legales de las que disponga para enfrentar el incipiente desabastecimiento que puede crecer en los próximos días, si todo sigue igual.

El esquema de razonamiento sería el siguiente: a los productores rurales les va muy bien no sólo gracias a las condiciones internacionales sino a medidas concretas que tomó el Gobierno a su favor. Si ahora reaccionan así porque el incremento que van a tener en su rentabilidad no será tanto como esperaban, no desafíen, porque entonces puede ser que tengan más motivos para protestar.

Si el Gobierno resuelve ponerse más duro, podría ponerles freno a las exportaciones y sacar a relucir la Ley de Abastecimiento, que le da la facultad al Estado de garantizar la provisión de productos para el consumo interno y sancionar a quienes quieran eludir esa obligación.

Ayer, entre los principales actores del Gobierno tuvieron un callado protagonismo el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, hablando extraoficialmente con los impulsores del lockout. Y el ministro de Justicia y Seguridad actuó públicamente para explicar la presencia de la Gendarmería tratando de garantizar el libre tránsito en algunas de las rutas cortadas por los piquetes.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en El Calafate, recibió durante todo el fin de semana informes de sus colaboradores y vio imágenes del lockout por televisión. Hoy estará nuevamente en su despacho de la Casa Rosada. Y, quienes hablaron con ella, no descartan que se refiera públicamente al asunto en tono fuerte, si es que no ve señales de distensión por parte de los productores rurales.