María Millacura, la madre del joven desaparecido Iván Torres, se instaló con un colchón en la puerta de la comisaría primera de Comodoro Rivadavia. “Acá me quedo hasta que me devuelvan a mi hijo con vida, como se lo llevaron”, dice. La semana pasada viajaron a esa ciudad para apoyar su reclamo las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y Mirta Baravalle (ver aparte). El caso, que ya cuenta con dos testigos muertos, sigue trabado en los organismos internacionales de la OEA (Organización de Estados Americanos). La Corte Inte- ramericana de Derechos Humanos volvió a requerir al Estado argentino que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad física de las personas que aún están con vida, pero no se expide sobre la cuestión de fondo hasta que no lo haga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Necesito traerme una cocina a leña”, le anunció María Millacura al ministro de Gobierno de Chubut, Máximo Pérez Catán. “No se preocupe, le arreglamos el baño y la cocina de la comisaría”, le contestó el funcionario. El breve diálogo, ocurrido el viernes 28, incluyó el persistente reclamo de la mujer por su hijo, y ninguna respuesta en tal sentido por parte del ministro. “Es todo absurdo, le dicen que le van a dar eso para que termine siendo parte del paisaje, para naturalizar la gravedad de su demanda”, se quejó su abogada, Verónica Heredia, en diálogo con Página/12 desde Comodoro Rivadavia. En presencia de Pérez Catán, María y la abogada marcaron el número telefónico del juzgado federal difundido en los afiches del Ministerio de Interior que ofrecen una recompensa de 100 mil pesos a cambio de información sobre el joven desaparecido. “Escuche ministro, no responde nadie”, le dijeron mientras le pasaban el teléfono.

Desde el 2 de octubre de 2003, familiares y amigos de Iván Eladio Torres denuncian que desapareció de la comisaría primera de Comodoro Rivadavia. En enero de 2004, María Millacura Llaipen se instaló allí por tres meses reclamando que le devuelvan a su hijo. El 17 de enero de 2005 apareció muerto David Hayes en la alcaidía de Comodoro Rivadavia. Una semana antes le había escrito una carta a María donde denunciaba haber visto cómo le pegaban a Iván entre varios policías en el patio de la comisaría primera y le decía que temía por su propia vida. En octubre de 2005, la Comisión Inte-ramericana de Derechos Humanos admitió la denuncia realizada dos años antes por la desaparición forzada de Iván. En julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales a favor de veinte personas –amigos, familiares y abogadas– que requerían que el Estado proteja sus vidas y su integridad física.

Aún en vigencia de esa resolución, un año después María Millacura se enteró de que Walter Mansilla, uno de los testigos protegidos por la Corte Interamericana, estaba muerto. El 6 de febrero la Corte volvió a requerir al Estado que adopte medidas a fin de proteger a las personas involucradas en el caso que aún están vivas. Pero rechazó el pedido de ampliación de la protección a favor de Iván por considerar que es una cuestión de fondo que permanece sin resolver ante la Comisión Interamericana. Ese organismo finalizó la primera semana de marzo una nueva sesión sin dictar el informe de fondo que le solicitan desde 2005. Así planteada, la situación parece destinada a quedar encerrada en un laberinto sin salida.

El 6 de julio pasado, en la audiencia con la Corte Interamericana, hubo un acuerdo entre ese organismo, el Estado argentino y la demandante y un plan de trabajo que incluía reuniones mensuales. “Ya desde 2005, en la Corte tenían las medidas cautelares de la Comisión pero el Estado argentino no las cumple. La Comisión es veedora de esos acuerdos con el Estado, pero el Estado no dice nada y la Comisión sigue callada. Es como una trampa”, resumió Heredia. En aquella audiencia, Millacura pidió a los jueces que protegieran a su hijo y le respondieron que no pueden porque la denuncia no sale de la Comisión. “La preocupación está ahí desde 2003, pero la cuestión de fondo no llega aún a la Corte porque la Comisión no impulsa esa denuncia por desaparición forzada”, aclaró Heredia. ¿Cuál es la razón de esta inacción?, quiso saber este diario. “Suponemos que es una cuestión política, que en época de democracia no prospere una denuncia por desaparición forzada”, fue su respuesta. ¿Y hasta dónde llega el poder de la Corte Interamericana? “Las decisiones de la Corte son obligatorias para los Estados. La Cancillería se debería poner en contacto con nosotras, al igual que el Ministerio del Interior, pero ni nos hablan”, se lamentó la letrada.

La semana pasada, María Millacura avisó a la Comisión Interamericana y a otros organismos nacionales y provinciales que volvía a instalarse en la comisaría de Comodoro Rivadavia.