El Gobierno presentó en Diputados cinco proyectos de ley con el objetivo de “dar celeridad a los juicios” que investigan delitos de lesa humanidad y “derribar el muro de impunidad”, según explicó el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Se trata de medidas que afectarán a todos los procesos penales, no sólo los relacionados con el terrorismo de Estado: la creación de una nueva Cámara de Casación Penal que descomprima de trabajo a la existente, de una unidad especial para buscar prófugos con un fondo de recompensas, la regulación del sistema de subrogancias en tribunales orales para que los lugares vacantes no demoren los juicios y reformas al Código Procesal Penal de la Nación para acelerar las apelaciones y evitar que argucias de las defensas posterguen la elevación de las causas. Antes de que el Congreso trate las propuestas, Página/12 consultó a abogados querellantes para conocer sus opiniones y recogió aprobación, pero también críticas y sugerencias (ver aparte las observaciones sobre cada uno de los proyectos oficiales).

Luciano Hazán, de Abuelas de Plaza de Mayo, consideró que “van a permitir que los procesos lleguen a juicio antes y no se traben en tribunales con agendas congestionadas”, pero “la manera de tener una Justicia eficiente, capaz de garantizar los derechos de las partes y perseguir el delito, es reformar estructuralmente el sistema, oralizándolo por completo y dando las investigaciones a los fiscales. Se trata de una larguísima deuda de la democracia”. La frustrada reforma integral del Código Procesal Penal de la Nación subyace a varios de los comentarios. En septiembre el entonces ministro de Justicia, Alberto Iribarne, anunció un anteproyecto diseñado por expertos, que fue archivado ante la cerrada oposición de la corporación judicial.

Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, destacó que “para agilizar procesos se debería hacer hincapié en su oralidad y destrabar la etapa escrita, la instrucción, donde sufrimos una demora indebida por recursos y planteos de las defensas. Se podría tomar como ejemplo el sistema alemán: los fiscales investigan sin límite de tiempo y cuando terminan presentan el caso en tribunales, que trabajan esencialmente con el proceso oral”. Yanzón cuestionó los “proyectos parche: no se puede legislar pensando en una problemática de casos. Si quieren modificar estos juicios, lo mejor es que la Corte Suprema imparta órdenes para descomprimir los tribunales orales; que las causas se organicen por centro clandestino o circuito y se unifiquen en la medida de lo posible”.

También Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, afirmó que “estas reformas deben ser complementadas por otras medidas específicas, que deben ser dictadas mediante decisiones de superintendencia e involucran especialmente a los jueces. Sigue siendo imperiosa la necesidad de racionalizar los casos abiertos, que los jueces busquen identificar la mejor forma de organizar y acumular casos para no someter a víctimas y testigos a declarar infinidad de veces”.

Ana Oberlin, de H.I.J.O.S. Rosario, destacó como positivo que los proyectos “toman propuestas de organismos y tienden a minimizar maniobras dilatorias de las defensas, que juegan a que sus clientes mueran impunes”. Advirtió que “las leyes pueden promover prácticas diferentes, pero mientras no se modifique la cultura judicial no habrá garantía de justicia”. Y destacó “el riesgo de que parches parciales descalabren el sistema procesal, que debe ser coherente”.

La más crítica fue Myriam Bregman, de Justicia Ya! Los proyectos “no dicen cómo se va a evitar que la carga de la prueba siga estando en las víctimas del terrorismo de Estado; para que no sigan declarando contra genocidas en libertad, algunos en funciones, otros al mando de agencias de seguridad; para que no se desguacen más las causas; para que de una vez por todas haya que dejar de probar caso por caso y se comience a juzgar por lo que realmente se cometió: un genocidio, en el que todos fueron responsables por todos los compañeros”.