Con el conflicto agropecuario como telón de fondo, los obispos de la Iglesia Católica volverán a reunirse en asamblea plenaria desde hoy en la localidad bonaerense de Pilar. El encuentro será presidido por el titular de la Conferencia Episcopal, el cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Habrá sin duda un debate acerca de la oportunidad de emitir un pronunciamiento el próximo viernes al final de las jornadas.

Si la opción es hacer alguna declaración, la misma tendrá el tono de convocatoria al diálogo y a la concertación que se escuchó en las intervenciones de varios obispos mientras duró el lockout de los productores agropecuarios. Si bien una definición sobre el particular no se tomará hasta tanto se reúna la asamblea y el centenar de obispos realicen su “intercambio pastoral sobre la realidad del país y de la Iglesia”, hay ya posiciones diferentes entre los jerarcas del Episcopado. Unos sostienen la necesidad de un pronunciamiento que siga los lineamientos señalados antes, incorporando además otros elementos –quizá la problemática de la droga y del juego sobre los que se ha venido insistiendo en distintas formas–, mientras que otros preferirían guardar prudente silencio para no avivar el fuego de eventuales discrepancias con el gobierno nacional. A pesar de las diferencias, es un momento de calma en las relaciones Iglesia-Gobierno, sobre todo después del encuentro de la presidenta Cristina Fernández con la cúpula del Episcopado encabezada por el cardenal Jorge Bergoglio.

Más allá de las especulaciones, el “intercambio” episcopal sobre la realidad del país se presume sumamente rico, porque los obispos han seguido muy de cerca el desarrollo de los acontecimientos recientes. Muchos de ellos fueron depositarios de la preocupación de distintos actores –en particular de los vinculados con el mundo agropecuario–, aunque hayan preferido guardar prudente silencio frente a lo que estaba sucediendo. Si bien nunca estuvo en el cálculo de nadie la posibilidad de una mediación eclesiástica en el diferendo, varias voces eclesiásticas insinuaron que la mejor actitud era la de no involucrarse en la tensión previendo que, en el caso del agravamiento del conflicto, la Iglesia Católica tuviese que jugar algún papel para acercar a las partes.

Al margen de lo anterior, el tema de las adicciones, más particularmente el problema de la drogadicción, sigue preocupando a la Iglesia. Durante el fin de semana, y convocados por la Comisión Episcopal de Pastoral Social que preside Jorge Casaretto, obispo de San Isidro, se reunieron en Buenos Aires delegaciones de sesenta diócesis. Para la Iglesia “la droga es sinónimo de muerte, mucho más en estos tiempos en que hemos pasado de ser un país en tránsito a uno de alto consumo”. En una información difundida en oportunidad del encuentro, la Comisión de Pastoral Social dijo expresamente que “la preocupación de la Iglesia se hace más relevante frente a una acción oficial que, sin consulta a la sociedad, parece orientarse hacia la despenalización de la tenencia para el consumo”. Fue el ministro Aníbal Fernández, titular de Justicia, quien adelantó la perspectiva oficial sobre la eventual despenalización de la tenencia para consumo. La Iglesia manifestó también su “seria preocupación por la falta de una acción más efectiva en la persecución de los narcotraficantes”. Alfonso Delgado, arzobispo de San Juan, afirmó durante el fin de semana que la droga “siempre será sinónimo de muerte y degradación de la persona” y sostuvo que “si quisiera drogarme sabría dónde encontrar droga, del mismo modo que se sabe dónde ir a comprar un par de zapatos”.

La asamblea episcopal reunida en Pilar recibirá además un informe sobre “movilidad humana” (refugiados, migraciones y problemática del turismo) presentado por el obispo de Avellaneda-Lanús, Rubén Frassia, y una presentación del cardenal Bergoglio sobre el Canal 21, una señal de televisión abierta del Arzobispado de Buenos Aires.