Un estudio que la Procuración Penitenciaria presenta hoy públicamente revela que el 63,4 por ciento de los presos alojados en cárceles federales sufrió agresiones físicas, que el 83 por ciento fue sometido a requisas humillantes y que un 28 por ciento de los reclusos fue castigado con el aislamiento en celdas sin luz, camas ni abrigo. El informe sobre Malos Tratos Físicos y Tortura en dependencias carcelarias será presentado por el ombudsman penitenciario, Francisco Mugnolo, justo el mismo día en que una comisión bicameral resolverá en el Congreso quién será su sucesor.

El informe será presentado a las 16.30 en el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La investigación se hizo entre el 29 de junio y el 7 de septiembre de 2007 a través de una encuesta realizada a 939 detenidos –el 10 por ciento de la población del Servicio Penitenciario Federal–.

El estudio fue realizado por Alcira Daroqui, profesora de la cátedra Sociología del Sistema Penal de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con entrevistas en las Unidades 2 de Devoto, 3 y 31 de Ezeiza, 24 de Marcos Paz, en los Complejos Penitenciarios 1 de Ezeiza y 2 de Marcos Paz y en las cárceles de máxima seguridad de Rawson, Neuquén y Resistencia, Chaco.

Casi en el mismo momento en que Mugnolo presente su informe, la Comisión bicameral de la Defensoría del Pueblo tratará el nombramiento del reemplazante de Mugnolo, quien nunca consiguió el aval parlamentario. La candidata a ocupar ese lugar es la diputada kirchnerista Silvia Martínez.

A propósito de esa designación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) manifestó su preocupación por la situación carcelaria del país y solicitó que la designación del futuro procurador penitenciario se realice mediante “un trámite participativo, que garantice la idoneidad del candidato o candidata y su compromiso con los derechos humanos de los detenidos”. Según el CELS, la Procuración Penitenciaria “ha sufrido un continuo desgaste institucional que debilitó el mecanismo de protección de los derechos de las personas privadas de su libertad”.