Por si Columbine no alcanzaba, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó que todos y cada uno de los ciudadanos de Estados Unidos tienen derecho a portar armas, como lo indica la Constitución de ese país. Y sostuvo que ese derecho no puede estar limitado por leyes en nombre de la seguridad pública. El fallo tuvo lugar en una disputa legal entre un particular y Washington, donde desde 1976 está prohibido portar pistolas (sólo permite tener rifles o escopetas descargadas o trabadas dentro de las viviendas). En marzo la ciudad apeló ante la Corte un fallo desfavorable, y finalmente y por cinco votos contra cuatro, la Corte Suprema dispuso que es un derecho constitucional portar armas. Es la primera vez, en 70 años, que la Corte toca un tema tan sensible para los estadounidenses (y sus víctimas, entre ellas, ellos).

El diferendo se ajusta a la interpretación de la Segunda Enmienda de la Constitución, en la que se sostiene el derecho del pueblo a tener y portar armas dada la necesidad que esa misma enmienda dispone de una “milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre”.

Según la interpretación de la ciudad de Washington, la enmienda garantiza un derecho colectivo a portar armas, en el marco de un servicio policial o de guardias. En cambio, según el demandante, Dick Heller, la ciudad de Washington viola el derecho constitucional de portar armas (y, dado el caso, matar a otro ciudadano con los mismos derechos). La denuncia de Heller fue presentada por primera vez en 2003. El hombre se quejaba de que el barrio en el que vivía exigía que estuviera armado. La demanda fue rechazada en primera instancia. Pero Heller apuntó más alto y apeló. En marzo de 2007 ganó la causa ante una corte de apelaciones federal.

Washington entonces apeló ante la Corte Suprema, insistiendo en algo que parece razonable a la luz de tanto Columbine y Tío Sam disparando desde una cornisa: la necesidad de reglamentar el acceso a las armas de fuego cortas. La ciudad sostenía, sobre la base a estadísticas que habría que atender con detenimiento, que en casi dos tercios de los robos y agresiones se utilizaban armas cortas, como también en más de la mitad de los 15 mil asesinatos anuales en el país. La Corte sostuvo que la ley de Washington es inconstitucional porque prohíbe una categoría entera de armas “que los estadounidenses eligen masivamente con el objetivo legal de la autodefensa”.

Los republicanos festejaron. Ni qué hablar de los fanáticos miembros de la Asociación Nacional del Rifle.